La propuesta del Gobierno para modificar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) abrió un debate sobre las atribuciones, la autonomía y la presencia territorial del organismo.
El proyecto contempla cambios en su funcionamiento y en la composición de su Consejo, además de eliminar su facultad para presentar querellas criminales.
Desde Ñuble, el director regional del INDH, Jorge Bustos Flores, cuestionó algunos de los cambios y advirtió que podrían debilitar la capacidad de respuesta de la institución ante vulneraciones de derechos humanos. Además, abordó las consecuencias que tendría la reforma para la región y defendió el trabajo que desarrolla el organismo.
-¿Qué capacidad de protección perdería el INDH si se elimina su facultad para presentar querellas criminales?
-Por 16 años el INDH ha podido presentar querellas por casos gravísimos como tortura, tratos inhumanos, serias lesiones, e incluso, muertes causadas por agentes del Estado. También por trata de personas y tráfico de migrantes, que muchas veces incluyen explotación sexual dirigida especialmente a mujeres y niñas. Que se elimine esta facultad es quitarle herramientas de protección a personas que han vivido graves vulneraciones a sus derechos humanos. Cabe mencionar que existe una diferencia fundamental entre presentar una denuncia y una querella. La denuncia permite poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público, mientras que la querella otorga facultades procesales para participar en investigaciones, solicitar diligencias y aportar antecedentes con el fin de contribuir en la búsqueda de justicia. Nuestra experiencia regional demuestra que la protección de los derechos humanos requiere distintas herramientas. Muchas veces comenzamos con gestiones administrativas, solicitudes de antecedentes u oficios a instituciones públicas. En otras ocasiones, cuando los antecedentes lo ameritan, debemos recurrir a los tribunales.
-¿Qué consecuencias tendría para Ñuble una reducción de personal o un eventual cierre de la sede regional?
-Nuestra sede es la más joven del INDH. Comenzó a funcionar en 2019 y es una de las más pequeñas del país. Actualmente somos siete funcionarios en total. En estas condiciones, una reducción de personal tendría consecuencias especialmente significativas, o la eliminación de la sede afectaría a las personas que viven en la región. En 2025, la sede regional recibió casi 300 atenciones a la ciudadanía, es decir, todas esas personas se acercaron para solicitar orientación, acompañamiento y, en los casos más graves, emprender acciones judiciales por aspectos esenciales como acceso a la salud, al agua potable y a la educación, entre otras materias. Asimismo, el año pasado más de 4.100 personas participaron en actividades organizadas por el INDH que buscan acercar conocimientos en derechos humanos a diferentes públicos: niñas y niños, personas con discapacidad, personas mayores, mujeres, funcionarios y funcionarias públicas. También participamos en 31 instancias de articulación y mesas de trabajo, además de realizar seguimiento de casos y coordinación con organismos públicos. Un eventual cierre de la sede significaría que muchas personas no tendrían acceso a una institución especializada en la protección de sus derechos humanos en su región. Por lo tanto, tendrían que recurrir a mecanismos de atención a distancia, con brechas que persisten, o desplazarse fuera de la región, generando barreras adicionales. En Ñuble podemos mostrar ejemplos concretos que reflejan cómo nuestro trabajo se vincula directamente con problemas que afectan la vida cotidiana de las personas. Durante el año pasado participamos en las gestiones relacionadas con la situación de niños y niñas de Pinto que enfrentaron dificultades para acceder a sus establecimientos educacionales debido a problemas de conectividad y transporte. Actualmente, también mantenemos un recurso de protección relacionado con los malos olores que afectan a habitantes de Chillán y Chillán Viejo, causa que se encuentra en conocimiento de la Corte Suprema. Además, estamos recabando antecedentes sobre acceso al agua y tiempos de espera en los servicios de urgencia del Hospital Regional de Chillán.
-La reforma reduce de 11 a cinco los integrantes del Consejo y modifica el sistema de nombramientos. ¿Qué riesgos observa para la autonomía del INDH?
-La autonomía del INDH es una condición fundamental para que pueda fiscalizar que los poderes del Estado respeten los derechos humanos y no se cometan abusos. Actualmente el INDH tiene un consejo plural, con integrantes de distintos sectores: algunos elegidos por el Congreso, otros designados por el presidente, otros por facultades de Derecho de las universidades y otros por organizaciones de la sociedad civil. Esto permite tener una mirada diversa. Desafortunadamente, la reforma del Ejecutivo retrocede en esta perspectiva y elimina a la sociedad civil, afectando su pluralidad. Además, existe un aspecto particularmente delicado del proyecto en sus disposiciones transitorias: durante los primeros dos años ejercería la conducción del INDH un Consejo designado íntegramente por el presidente de la República, poniendo en riesgo la independencia de la institución. Ese Consejo, a su vez, designaría al primer director ejecutivo sin concurso de Alta Dirección Pública. Estos integrantes designados diseñarían el futuro del INDH, entre otros asuntos, su estructura y presencia territorial. Por ello, consideramos indispensable asegurar procedimientos públicos y transparentes de nombramiento, participación efectiva y directa de la sociedad civil, estabilidad de los integrantes del Consejo y condiciones presupuestarias que permitan cumplir adecuadamente el mandato institucional.
-¿Cómo responde a quienes sostienen que el INDH ha actuado con sesgo político?
-Todas las instituciones públicas deben ser revisadas periódicamente, analizar su funcionamiento y mejorar sus mecanismos. El INDH no es una excepción; por el mismo motivo, hemos participado activamente de la discusión parlamentaria. Sin embargo, debemos distinguir entre modernizar una institución y debilitar las herramientas que necesita para cumplir su mandato. Respecto de los cuestionamientos sobre eventuales sesgos políticos, es importante recordar que nuestra función consiste en observar las actuaciones del Estado conforme a los estándares de derechos humanos, independientemente del gobierno o autoridad de turno. El INDH presta ayuda y asistencia a las personas que se lo solicitan sin discriminación. ¿Qué sesgo existe cuando realizamos acciones para que niñas y niños que no están pudiendo acceder a educación lo hagan? ¿Qué sesgo representa que trabajemos para que el Estado pueda dar una mejor respuesta a las personas que no acceden a tratamientos de salud o que viven en condiciones medioambientales que tienen efectos negativos en su integridad física y en su calidad de vida? Cuando una institución de esta naturaleza formula observaciones sobre las actuaciones del Estado o interviene frente a una eventual vulneración, no es una expresión de oposición política, sino que es la responsabilidad que la ley le encomienda a las instituciones nacionales de derechos humanos, aquí y en cualquier país del mundo. Para quienes no están en conocimiento, el INDH cumple con todas las obligaciones de rendición de cuentas y transparencia que rigen a las instituciones públicas, incluyendo la regulación del lobby. Entre ellas, envía informes periódicos a la Dipres y al Congreso, publica información en transparencia, responde requerimientos de Contraloría cada vez que son solicitados y realiza cuentas públicas. Es importante mencionarlo, porque ser autónomos significa poder fiscalizar al Estado en materia de derechos humanos, pero no significa no responder a mecanismos de control y transparencia, que son piso mínimo y un compromiso con la ciudadanía. Modernizar el INDH significa contar con la capacidad de dar respuestas eficaces y oportunas a las personas que lo requieren, como en cualquier institución del Estado. Pero esa modernización debe responder siempre a fortalecer la capacidad de la institución para proteger los derechos de quienes habitan nuestro país.
