La discusión del Presupuesto 2027 sigue avanzando en el Congreso, entre partidas que han conseguido respaldo, recursos cuestionados y negociaciones que el Ejecutivo deberá resolver antes de que el proyecto complete su tramitación.
Uno de los puntos que permanece abierto es el financiamiento de los gobiernos regionales, cuya votación se postergó para dar espacio a un acuerdo entre Hacienda y los gobernadores. La fecha clave será el próximo 2 de noviembre, cuando se espera conocer los resultados de la negociación y una propuesta que reduzca el impacto de los recortes anunciados para las regiones. Para Ñuble, el resultado es especialmente relevante: el presupuesto inicialmente propuesto para el Gobierno Regional implicaba una disminución nominal de 8,7%, equivalente a unos $7.475 millones, mientras que la estimación de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) situó la merma real en torno al 12%, cerca de $11 mil millones.
La diferencia entre ambas cifras ha sido uno de los argumentos centrales de los gobiernos regionales, que advierten que la reducción no se mide únicamente comparando montos nominales, sino también considerando la inflación y los recursos necesarios para mantener la inversión y los compromisos en curso.
En la negociación se ha planteado como nuevo piso una disminución de 3% respecto de la base presupuestaria de 2026, mientras que Ñuble aspira a mejorar esa propuesta y alcanzar un incremento de 1,5%. El gobernador, Óscar Crisóstomo, ha defendido la necesidad de contar con un presupuesto que permita sostener la inversión regional y ha planteado que la región requiere un “presupuesto similar al del Gobierno central, con un aumento del 1,5%”.
La discusión no se limita a una diferencia contable. Una rebaja significativa puede reducir el margen para financiar proyectos de conectividad, vivienda, salud, cultura y deporte, además de dificultar la continuidad de iniciativas que ya están en ejecución o comprometidas con los municipios.
Partidas avanzan con observaciones y rechazos
Mientras se aguarda una salida para los gobiernos regionales, las cinco subcomisiones mixtas han continuado con el análisis de las partidas ministeriales. El resultado ha sido dispar: algunas carteras han sido aprobadas sin reparos, otras avanzaron con observaciones y varias deberán volver a discutirse en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
En la Quinta Subcomisión, los recursos del Ministerio de Obras Públicas fueron aprobados, aunque el debate estuvo marcado por cuestionamientos a la eficiencia del gasto, la ejecución presupuestaria y las diferencias territoriales en materia de conectividad. Agricultura, en tanto, recibió una aprobación con observaciones y tuvo capítulos y programas que no consiguieron respaldo.
La Tercera Subcomisión dio luz verde a las partidas de Salud y Trabajo. En Salud, la discusión se concentró, entre otros puntos, en el incremento de solo $600 del per cápita de la atención primaria y en la reducción de recursos para la Ley Ricarte Soto. Ante los reparos, el Ejecutivo se comprometió a presentar un proyecto para modificar el mecanismo de financiamiento de ese fondo, de modo que pueda crecer según la demanda de pacientes.
En Trabajo, los parlamentarios advirtieron sobre el efecto que la estrechez fiscal puede tener en la generación de empleo, aunque valoraron que la cartera registre un aumento de 1,4% respecto del ejercicio anterior.
La Segunda Subcomisión respaldó los recursos de Defensa, salvo los capítulos correspondientes a Directemar y la Dirección General de Aeronáutica Civil. En Medio Ambiente, hubo cuestionamientos a los recortes en programas de mitigación climática y a la eliminación de la glosa vinculada al cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
La Cuarta Subcomisión, además de dejar pendiente la votación de los gobiernos regionales, rechazó la partida de Ciencia y Tecnología y formuló reparos a distintos componentes de Educación. Entre ellos figuran la Dirección de Educación Pública, los Servicios Locales de Educación Pública, Junji y la Subsecretaría de Educación Superior. También quedaron pendientes o fueron objetados capítulos de Cultura, Vivienda y Justicia.
En Vivienda, la votación se suspendió para abrir una negociación con el Gobierno. Los parlamentarios solicitaron recursos adicionales para la reconstrucción, mientras cuestionaron las reducciones propuestas para subsidios de arriendo, campamentos y recuperación de barrios.
La Primera Subcomisión inició, por su parte, el análisis de las partidas de Economía y Desarrollo Social, y aprobó sin reparos el Tesoro Público.
El detalle de los acuerdos, observaciones y rechazos deberá consolidarse en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, instancia en la que Hacienda tendrá que exponer los compromisos alcanzados y las modificaciones que se incorporen al proyecto. Para las regiones, la negociación que culmina el 2 de noviembre será determinante para saber cuánto de la rebaja inicial se logra revertir.
