El Gobierno defendió las 56 rebajas de condena concedidas durante la actual administración a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, argumentando que los decretos se ajustan a la legislación vigente y a criterios establecidos por la Corte Suprema. Las resoluciones fueron emitidas entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre y corresponden a 27 condenados por abuso sexual y 29 por violación. Solo una solicitud fue rechazada.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, respaldó la actuación del Ejecutivo y aseguró que la administración mantiene como prioridad la protección de niños, niñas y adolescentes. “El Gobierno está cumpliendo con la ley”, sostuvo, aunque manifestó disposición a evaluar eventuales modificaciones legislativas.
El punto de controversia radica en que las rebajas fueron concedidas directamente por el Ministerio de Justicia, sin que los beneficiarios hubieran recurrido previamente a los tribunales.
Versión en entredicho
Rabat ha explicado que la cartera aplicó la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto de delitos cometidos antes del 9 de febrero de 2022, fecha de entrada en vigencia de la reforma que restringió estos beneficios. Sin embargo, antecedentes revisados por BioBioChile muestran que el máximo tribunal también ha respaldado el rechazo de solicitudes bajo la misma reforma, incluyendo causas resueltas durante el actual gobierno. Esto evidencia que la jurisprudencia no ha sido uniforme y abre un debate sobre si la concesión administrativa era la única alternativa jurídica disponible.
La propia cartera había sostenido anteriormente una interpretación distinta y rechazaba solicitudes de este tipo, dejando que los condenados recurrieran a la justicia.
El exministro Jaime Gajardo cuestionó el cambio de criterio y sostuvo que la discusión jurídica admite distintas interpretaciones.
La polémica también llegó al Congreso, donde parlamentarios anunciaron acciones para fiscalizar las decisiones e incluso una eventual interpelación a Rabat. En paralelo, la Defensoría de la Niñez solicitó antecedentes al Ministerio de Justicia para conocer los fundamentos de las rebajas y las medidas adoptadas para resguardar a las víctimas.
