La decisión de la Municipalidad de Chillán de licitar nuevamente el servicio de mantención de áreas verdes, parques, jardines y arbolado constituye una oportunidad para corregir deficiencias y elevar los estándares de un servicio que tiene un impacto directo en la calidad de vida urbana. Pero también representa una responsabilidad que trasciende la adjudicación de un contrato y que exige al municipio ejercer una fiscalización mucho más rigurosa.
Las bases establecen un período de 64 meses y contemplan una superficie de 735.058 metros cuadrados. Se trata, por tanto, de una concesión de gran magnitud, con un tope mensual de $220 millones y un costo que comprometerá recursos municipales durante más de cinco años. Una contratación de estas características debe asegurar no solo continuidad, sino también calidad, eficiencia y capacidad de respuesta ante los incumplimientos.
Los antecedentes del actual contrato debieran servir como una lección. Según los datos expuestos en el concejo municipal, desde septiembre de 2025, la actual empesa concesionaria del servicio acumuló siete multas por 218,5 UTM, equivalentes a unos $15,3 millones, por deficiencias que van desde césped amarillento y maleza sin retirar hasta plantas no repuestas, mobiliario sin reparar y trabajos ejecutados fuera de la programación.
A ello se suma el conflicto judicial entre el municipio y la empresa, luego del término anticipado de la concesión. Parques Johnson reclama una indemnización cercana a $2.600 millones, mientras el municipio sostiene que la decisión respondió a incumplimientos. El acuerdo extrajudicial alcanzado en marzo fue rechazado por los concejales, por lo que la controversia seguirá en tribunales. Ese escenario vuelve todavía más importante que la nueva licitación sea técnicamente sólida y jurídicamente blindada.
La futura concesión deberá cubrir tanto las áreas tipo A, de alta circulación y relevancia cívica, como las tipo B, distribuidas principalmente en barrios y sectores periféricos. Esta distinción es relevante porque la calidad de los espacios públicos no puede concentrarse en el centro de Chillán. Las plazas, bandejones y áreas verdes de las poblaciones también requieren estándares permanentes de cuidado.
El municipio tiene ahora la posibilidad de establecer indicadores claros, mecanismos de control efectivos y sanciones que realmente permitan corregir oportunamente las deficiencias. La experiencia reciente demuestra que no basta con tener buenas bases: se necesita una fiscalización capaz de hacerlas cumplir.
La nueva licitación no debe convertirse simplemente en un cambio de concesionario. Debe ser el punto de partida para una gestión de áreas verdes más exigente, transparente y orientada a resultados.
Chillán necesita espacios públicos cuidados todos los días, no solo cuando se acerca una inspección.
