La defensa del Presupuesto 2027 que realizó el delegado Presidencial regional, Diego Sepúlveda, junto a tres diputados oficialistas, recibió una dura respuesta desde el Gobierno Regional de Ñuble.
El administrador regional y gobernador subrogante, Alejandro Aguilera, acusó al Ejecutivo de confundir el volumen de inversión pública con la capacidad de las regiones para decidir dónde se destinan los recursos, y cuestionó, además, la forma en que calculó la disminución presupuestaria.
El martes, Sepúlveda llamó a considerar los $227.265 millones contemplados en el proyecto de ley para 144 iniciativas de inversión sectorial, además de los $85.141 millones asignados al GORE.
“Lo importante es que los recursos llegan a Ñuble, independientemente de quién los ejecute”, sostuvo, al defender la cartera de los ministerios y los incentivos para mejorar la ejecución regional.
Aguilera, en cambio, planteó que la discusión no se limita a cuánto dinero se invierte en la región, sino a quién determina las prioridades. “Que lleguen más recursos a la región a través de los ministerios será siempre una buena noticia, pero no garantiza que ese dinero se invierta en lo que necesita nuestra gente, y sobre todo, en el momento en que lo necesita”, respondió.
El gobernador (s) sostuvo que la inversión sectorial responde a políticas y metas nacionales, mientras que las autoridades regionales conocen las urgencias de cada comuna. Como ejemplos, mencionó el Centro Teletón de Ñuble, los mamógrafos instalados en distintas localidades y el programa de traslado de estudiantes, iniciativas que, afirmó, no habrían tenido la misma prioridad si su financiamiento hubiese dependido exclusivamente de decisiones centrales.
“Cada peso del presupuesto regional se prioriza en Ñuble, con alcaldes, consejeros regionales elegidos por la comunidad y organizaciones que conocen cada comuna”, argumentó.
Luego apuntó directamente al mensaje del delegado: “Cuando desde el nivel central señalan que da lo mismo quién ejecute los recursos, se está diciendo que da lo mismo quién decide”, dijo.
Disputa por la cifra real y las transferencias
La diferencia también quedó expuesta en los cálculos presupuestarios. Mientras Sepúlveda cifró en 6,8% la disminución nominal de los recursos del Gobierno Regional respecto de 2026, Aguilera sostuvo que esa comparación no refleja la reducción efectiva de la inversión disponible.
“El Gobierno habla de una baja de 6,8%, pero la inversión regional, que es lo que llega a las comunas, baja de 85.752 a 78.277 millones de pesos, un 8,7% menos”, detalló. A ese ajuste agregó la inflación anual de 4,1%, con lo que estimó una pérdida real de 12,4%, equivalente a $11 mil millones menos para Ñuble.
La diferencia entre ambos análisis no es menor: el Ejecutivo defiende el presupuesto desde una mirada que incorpora las inversiones sectoriales, mientras el GORE pone el acento en los recursos que administra directamente y en su capacidad para priorizar proyectos propios.
Aguilera también cuestionó las críticas a las transferencias que realiza el Gobierno Regional para financiar programas sociales. “Cuestionar las transferencias es como pedirle al Gobierno Central que deje de invertir en salud y educación pública solo para no traspasar fondos. Es un argumento incomprensible”, afirmó.
En esa línea, citó el programa Mil Cirugías, los Centros de la Mujer, el transporte escolar y la atención de niños y niñas dentro del espectro autista. Según sostuvo, son iniciativas que surgieron desde la región, fueron aprobadas por el Consejo Regional y cuentan con resultados evaluados.
“Las transferencias no son burocracia: son la forma en que las soluciones llegan directo y a tiempo a la comunidad. Quien las cuestiona desconoce cómo llegan los recursos a la gente”, remató.
En paralelo, el delegado Sepúlveda defendió los incentivos presupuestarios que permitirían a los gobiernos regionales solicitar recursos adicionales de hasta un 7%, sujeto al cumplimiento de las condiciones de ejecución. La autoridad sostuvo que la propuesta también entrega mayor autonomía para administrar partidas y ejecutar recursos ante emergencias.
Para Aguilera, sin embargo, el mecanismo no despeja la reducción que advierte en la inversión regional.
