Señor Director
Un gran alivio para los agricultores que usan derechos de aguas para producir alimentos. La ley 21.841 publicada en el Diario Oficial el 9 de octubre pasado, prorrogó por tercera vez, ahora hasta el año 2032 y pequeña agricultura 2033, la facultad que otorgaba a la Dirección General de Aguas a partir del 6 de abril de 2027 para caducar automáticamente por ley; las aguas que usan los agricultores en forma consuetudinaria y nos las tienen inscritas en el Conservador, la aplicación de severas multas por su no registro en el Catastro Público de Aguas y la sanción final; el impedimento de los Conservadores para realizar la inscripción de una transferencia de propiedad del derecho de agua; sin contar con la anotación marginal en el título del citado Certificado del Catastro de la DGA.
La tercera prorroga desde el año 2022 con la ley 21.435, que reformó el Código de Aguas, queda más que demostrado que el desafío de comprender a la pequeña agricultura familiar campesina, requiere de un mayor apoyo y asistencia intersectorial, la cantidad es incierta; se estima que supera los 300.000 a nivel nacional. Tratarlos de negligentes por no tener su documentación al día es un grave error, es no comprender su actividad campesina que requiere de permanencia en el campo, los tramites son complejos, costosos, largos, baja escolaridad y un largo etc.
Esperemos que se puedan producir mesas sectoriales pública-privada, para que en cada sector de las diferentes cuencas y sub cuencas, se pueda establecer un plan que permita lograr la regularización de los derechos de aguas de cada agricultor, el perfeccionamiento de su título de aguas, su registro en el Catastro Público de Aguas y finalmente anotación al margen de la inscripción conservatoria; como exige la ley.
Evitemos llegar al año 2032 o 2033, sin haber avanzado, en facilitar y apoyar a la pequeña agricultura, sería lamentable para la comunidad.
Juan Francisco Saldías Muñoz
Juez de río Junta de Vigilancia del río Diguillín y sus Afluentes.
