El rechazo de la partida presupuestaria del Servicio Electoral (Servel) en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos abrió una discusión sobre los recursos necesarios para organizar los próximos procesos electorales.
La votación, que terminó con tres votos en contra, uno a favor y una abstención, dejó en manos del Ejecutivo la revisión de los montos asignados al organismo para 2027.
La presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa, y el director nacional, Raúl García, expusieron ante los parlamentarios los efectos que, a su juicio, tendría recibir solo el 88% del presupuesto solicitado. La presentación apuntó a necesidades inmediatas de funcionamiento, pero también a la preparación de las elecciones de 2028 y 2029, cuyo soporte técnico y operativo requiere trabajo previo.
“Un recorte de estas características no solo afecta a Servel, afecta la confianza y legitimidad del sistema democrático”, sostuvo Figueroa. La titular del organismo cuestionó, además, que no se concretaran las reuniones solicitadas con el ministro de Hacienda y el director de Presupuestos para exponer los fundamentos de la propuesta financiera.
La discusión se produce en un momento en que el servicio debe compatibilizar la continuidad de sus tareas habituales con la revisión de la contabilidad de las campañas de 2024 y 2025 y el desarrollo de herramientas para las próximas elecciones. Según sus autoridades, la reducción de recursos comprometería ambas líneas de trabajo.
García advirtió que parte de las tareas no pueden postergarse sin consecuencias para el calendario electoral.
“Para las elecciones del 2028 necesitamos electores georreferenciados el 2027”, explicó. También alertó sobre el riesgo de no contar oportunamente con las condiciones para transmitir y computar los sufragios y publicar resultados preliminares con la confiabilidad habitual.
Tecnología y personal en el centro de la discusión
La partida del Servel incluida en el proyecto de Presupuestos 2027 considera $35.075 millones para el organismo. De ese total, $19.750 millones corresponden a gastos en personal, mientras que $8.927 millones se destinan al programa de Procesos Electorales, cerca de una cuarta parte del presupuesto institucional.
Esta última asignación contempla principalmente bienes y servicios de consumo para sostener los sistemas tecnológicos que se utilizarán en los comicios de 2028 y 2029. Entre ellos figuran la Red de Transmisión y Operaciones, el Sistema de Captura de Datos Electorales y el Sistema de Cómputo Electoral. Se trata de componentes que intervienen en distintas etapas de la recepción, procesamiento y entrega de información electoral.
El organismo también proyecta modernizar la plataforma de gasto electoral, optimizar el registro y la presentación de la contabilidad de campañas e implementar un sistema integrado de propaganda electoral para medios. A ello se suman un piloto de identificación por radiofrecuencia para el control de padrones y una plataforma de capacitación para vocales de mesa, delegados y personal de enlace.
La preocupación planteada ante los parlamentarios no se limita, por tanto, al financiamiento de las jornadas de votación. La disponibilidad de equipos especializados y el desarrollo y prueba de los sistemas deben resolverse con anticipación.
Un presupuesto insuficiente, advirtieron las autoridades, podría afectar la preparación de procesos cuya ejecución depende de servicios contratados y plataformas que requieren pruebas previas.
El componente de personal también incide en las labores pendientes. Figueroa señaló que “los recursos son necesarios para sostener las capacidades institucionales y defender la autonomía del servicio. Lamentablemente, para que esa autonomía sea realmente expresada se requieren capacidades financieras, institucionales y recursos humanos para desarrollar nuestra labor”, afirmó.
La presidenta agregó que el Servel había presentado presupuestos austeros y ajustados a las necesidades del país, y remarcó que era la primera vez que debían defender su propuesta ante el Congreso. Su planteamiento vinculó la discusión financiera con la capacidad del organismo para ejercer sus funciones sin comprometer su independencia.
Tras el rechazo de la subcomisión, la solicitud es que el Ejecutivo revise y reponga los recursos requeridos. Figueroa manifestó la disposición del servicio a reunirse con Hacienda y la Dirección de Presupuestos para discutir los argumentos técnicos de la propuesta. El resultado de esas gestiones será relevante para determinar con qué recursos contará el organismo durante el año previo al inicio de un nuevo ciclo electoral.
