Este lunes, la Corte de Apelaciones de Chillán solicitará al Ministerio de Justicia para que abra los concursos para ocupar los cargos de notario y/o conservador de Bienes Raíces, luego que tres de ellos debieran renunciar, debido a la limitante de edad que comenzó a regir con la nueva ley (21.772) que regula el rubro en el país.
Se trata de los abogados César Fuentes (87), conservador y archivero de San Carlos; Marcelo Riesco (80), conservador y archivero de Yungay; y Raúl Leiva (80), notario, conservador y archivero de Quirihue.
En rigor, pese a que el último día de vigencia de había fijado para este viernes 2 de octubre, algunos de ellos, como Raúl Leiva, decidieron acogerse a retiro el jueves, ocupando el día de ayer para despedidas protocolares y visitas a los ministros de la Corte de Apelaciones de Chillán.
Desde el tribunal de alzada explicaron a La Discusión que por el momento, cada una de estas oficinas seguirá funcionando con interinatos hasta que se confirme las nuevas designaciones por parte de la Dirección Nacional del Servicio Civil.
Los notarios interinos son los abogados Raúl Fuentes, en San Carlos; Carla Mancinelli Carrasco, en Yungay y
Rodrigo Navarrete Crisóstomo, en Quirihue.
Lo que dice la nueva ley
Algunos de los puntos más relevantes de esta nueva ley es que se fija en 75 años la edad máxima para ejercer como notario, conservador o archivero.
En cuanto a sus nombramientos, las designaciones se realizan mediante concursos públicos fiscalizados a través del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), con estrictas inhabilitaciones para evitar nepotismo.
Respecto al servicio, obliga la incorporación de firma electrónica avanzada, repositorios digitales gratuitos para consulta pública de trámites e interoperabilidad, estableciendo techos máximos de precios fijados por un procedimiento técnico de los Ministerios de Justicia, Hacienda y Economía.
Además, el Sernac, por primera vez, asume facultades para recibir reclamos de usuarios por deficiencias de atención o cobros indebidos, y se eliminan o simplifican trámites prescindibles que exigían escritura pública previa.
