La decisión del Gobierno de retirar la reforma constitucional de seguridad y abrir paso a un nuevo proyecto, marcó un cambio en la estrategia legislativa de La Moneda.
Tras las críticas que recibió el texto desde distintos sectores y el fracaso de la idea de legislar en el Senado, el Ejecutivo optó por sacar su iniciativa y respaldar una nueva fórmula que será presentada este lunes.
El proyecto original había generado reparos tanto en la oposición como en sectores del oficialismo, principalmente por el alcance de algunas de sus disposiciones. Entre ellas se encontraba la creación de un nuevo estado de excepción constitucional que podía ser decretado por el Presidente de la República por 120 días, con posibilidad de prorrogarlo por otros 120, sin revisión del Congreso.
La falta de respaldo terminó por trabar su avance. Frente a ese escenario, senadores de la comisión de Constitución comenzaron a trabajar en una propuesta alternativa que recogiera parte de las objeciones formuladas durante la discusión.
El presidente de esa comisión, Pedro Araya (PPD), explicó que el Gobierno había condicionado el retiro de su proyecto al ingreso de una nueva iniciativa.
“El gobierno ha manifestado su disposición a retirar la reforma una vez que se presente un texto alternativo que se haga cargo de resolver los problemas que estaban planteados originalmente en la reforma”, precisó.
El senador agregó que “esperamos que la próxima semana se presente un nuevo proyecto de ley en materia de reforma constitucional, en materia de seguridad pública, y el gobierno en ese instante retiraría la reforma que presentó originalmente”.
La nueva propuesta fue trabajada por Araya junto a los senadores Andrés Longton y Arturo Squella, quienes buscaron una fórmula que permitiera destrabar una discusión que había quedado sin piso político para avanzar.
Ñuble pone el foco en los acuerdos
Desde Ñuble, el senador Gustavo Sanhueza (UDI), resaltó que La Moneda haya optado por revisar su propuesta y recoger las advertencias que surgieron durante la tramitación.
“Me parece bien que el gobierno esté abierto a tomar esa decisión para analizar la propuesta que salga desde el Congreso, que considere todas las advertencias que fueron planteadas con anterioridad a la reforma original y que dificultaban el alcance de acuerdo, incluso en el mismo oficialismo”, sostuvo.
El parlamentario planteó que el desafío estará ahora en conseguir un texto transversal. “Esperamos que el texto salga desde el Legislativo, genere los consensos que no logró el anterior, y permita abordar y resolver de buena manera los problemas que tenemos en seguridad”, afirmó.
La senadora Loreto Carvajal (PPD), en cambio, cuestionó directamente el contenido de la iniciativa que será retirada y puso el acento en la falta de ejecución de recursos destinados a seguridad en las regiones.
“La Reforma Constitucional en Seguridad es un mal proyecto que fue cuestionado transversalmente en el Senado”, sostuvo.
Carvajal afirmó que “el combate a la delincuencia y al Crimen Organizado no requiere reformas constitucionales mal diseñadas como fue este proyecto; lo que las regiones requieren es más apoyo para que las policías tengan capacidad operativa para detener la actividad delictual”.
En esa línea, apuntó a situaciones concretas en Ñuble, como la paralización de la construcción del nuevo cuartel de la PDI en Chillán y la ejecución de recursos del Plan Contra el Crimen Organizado y del programa Calles Sin Violencia.
Según los antecedentes entregados por la senadora, a julio permanecían sin transferir $46.389 millones correspondientes al plan destinado a Carabineros y $4.818 millones para la PDI, mientras que la ejecución del Plan Calles Sin Violencia alcanzaba solo $376 millones, equivalente al 2,8%.
Carvajal sostuvo que existe disposición para concordar nuevos instrumentos, pero insistió en que “lo relevante para combatir el Crimen Organizado es reforzar las capacidades de las policías y de los municipios y no hacer reformas legales”.
El diputado Felipe Camaño (ind.-DC) puso el foco en la necesidad de que la nueva iniciativa consiga los respaldos que no tuvo la anterior.
“La gente está cansada de que no nos hagamos cargo de los problemas de seguridad. Eso es lo que hoy nos exige actuar rápido, pero también bien. El gobierno tiene que buscar mayorías en el Congreso, y para eso es fundamental que esta reforma se construya con todos los sectores políticos”, planteó.
El legislador destacó que La Moneda haya mantenido la decisión de avanzar en la materia pese al fracaso de la primera propuesta. “Ahora hay que aprovechar esa voluntad y no perder más tiempo: necesitamos un texto que junte a la mayor cantidad de sectores posible y que nos permita, de una vez, avanzar en seguridad”, manifestó.
