La creación de la Región de Ñuble, el 6 de septiembre de 2018, respondió a una aspiración histórica: acercar el Estado a las personas, dotar al territorio de mayor autonomía y generar condiciones para impulsar su desarrollo. Sin embargo, a ocho años de su instalación, la descentralización continúa siendo una tarea inconclusa. Si bien existen avances concretos en la llegada de servicios públicos a las comunas, persiste una brecha entre las expectativas que acompañaron el nacimiento de la región y la realidad cotidiana de muchos de sus habitantes.
La apertura de una oficina de Fonasa en Cobquecura y de una Dirección de Tránsito en San Ignacio son ejemplos de cómo la presencia institucional puede transformar la vida de las comunidades. Evitar viajes a Chillán o a otras ciudades, reducir gastos de transporte y resolver trámites sin largas esperas son beneficios trascendentes, especialmente para adultos mayores, familias rurales y personas que enfrentan dificultades de movilidad.
En San Ignacio, más de cinco mil vecinos podrán realizar localmente gestiones relacionadas con licencias de conducir que antes exigían desplazamientos y, en ocasiones, meses de espera por una hora. La llegada de BancoEstado, a comienzos de este año, también ha significado un alivio para quienes debían trasladarse a otras comunas para efectuar operaciones bancarias.
En la costa, Cobquecura avanza en gestiones para instalar una Capitanía de Puerto y una oficina de Sernapesca, instituciones relevantes para la fiscalización y protección del espacio marítimo regional. En tanto, El Carmen y San Nicolás cuentan con autorización para disponer de una notaría, mientras Quirihue se consolida como polo de servicios para Itata, con prestaciones permanentes, periódicas e itinerantes. En Punilla también se trabaja para ampliar la atención de organismos públicos.
Son pasos importantes, pero que no pueden ocultar la dimensión de la tarea pendiente. La propia evaluación de los alcaldes, en el reciente aniversario regional, coincide en que una parte importante de los servicios continúa concentrada en Chillán. Para quienes viven en localidades apartadas, la condición de región todavía no se traduce plenamente en un acceso oportuno y equitativo a las prestaciones del Estado.
La descentralización no puede medirse únicamente por la cantidad de oficinas inauguradas. También exige continuidad, capacidad de atención, personal suficiente y una oferta que responda a las necesidades particulares de cada territorio. Una prestación itinerante puede resolver una urgencia, pero no siempre reemplaza la presencia permanente de una institución. Del mismo modo, una autorización administrativa para instalar un servicio constituye un avance, aunque su impacto real depende de que se concrete su funcionamiento.
La deuda es también de coordinación y voluntad política. Las iniciativas que hoy se proyectan en áreas como obras públicas, protección social, atención ciudadana y servicios vinculados a las actividades productivas requieren plazos, responsables y mecanismos de seguimiento. No basta con reconocer las brechas: es necesario establecer prioridades junto a los municipios, identificar las necesidades de cada provincia y asegurar que los compromisos se traduzcan en resultados verificables.
El desafío es avanzar hacia una descentralización que no se limite a trasladar trámites, sino que también permita que las decisiones se tomen considerando las realidades locales. Las comunas deben tener una participación efectiva en la definición de prioridades y en la planificación de los servicios que requieren. La experiencia de sus autoridades y comunidades constituye un insumo indispensable para que las políticas públicas respondan a las necesidades concretas del territorio
