La memoria tendrá mañana sábado una expresión política en Ñuble. A las 11 horas, en el Cementerio Municipal de Chillán, los partidos de oposición realizarán una romería para conmemorar los 53 años del golpe de Estado, en una actividad que adquiere un significado adicional por la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de no efectuar un acto oficial por la fecha.
La convocatoria, denominada “Romería por la memoria a 53 años”, reúne a los partidos opositores regionales en torno al recuerdo de las víctimas de la dictadura. Pero también representa una respuesta política frente a un cambio inédito desde el retorno a la democracia: por primera vez, un gobierno optará por no realizar una ceremonia de Estado para recordar el 11 de septiembre.
El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, explicó que la administración puso el acento en otras prioridades. “Como Gobierno del Presidente José Antonio Kast estamos trabajando día a día en las prioridades de las personas y en los desafíos que tenemos por delante”, señaló. “Nuestro foco está ahí”, agregó, apuntando a “más seguridad, más oportunidades y mejores condiciones para las familias”.
Desde la UDI, el concejal de Chillán, Rodrigo Ramírez, respaldó la determinación y planteó que la ausencia de una ceremonia gubernamental puede contribuir a que la fecha sea abordada desde distintas miradas. “Me parece bien que el Gobierno no haga del 11 de septiembre una conmemoración propia”, sostuvo.
A su juicio, “lo más sensato es dar espacio para que cada sector recuerde esta fecha desde su historia y su mirada, pero sin que el Estado trate de imponer una interpretación”. Ramírez reconoce que el 11 de septiembre continúa siendo una fecha de profundas diferencias, pero identifica un punto de convergencia: “Lo que sí debería unirnos es algo mucho más básico: cuidar la democracia”.
La postura adoptada por el gobierno, entonces, puede leerse como que el Estado toma distancia de una conmemoración que inevitablemente se inserta en una disputa política e histórica, para concentrarse en las tareas de gobierno. Sin embargo, esa decisión también tiene una consecuencia inevitable: al dejar de ocupar el espacio institucional que los gobiernos habían asumido durante décadas, el Ejecutivo modifica la forma en que el Estado se relaciona con la memoria del quiebre democrático.
Memoria como respuesta política
La oposición regional interpreta esa ausencia de otra manera. El presidente regional del PS, Juan Parada, sostuvo que la actividad busca “recordar a todas las compañeras y compañeros que fueron víctimas del terrorismo de Estado impulsado y liderado por Pinochet”. Y añadió que la convocatoria conjunta representa también una señal de unidad: “Esta iniciativa conjunta se acuerda como un acto de memoria y remembranza, que nos recuerda que la unidad es clave para poder enfrentar el accionar del gobierno de ultraderecha de José Antonio Kast”.
Desde el PC, su presidenta regional, Marta Carvajal, puso el énfasis en la continuidad de las políticas de memoria y derechos humanos. “Tenemos un compromiso irrenunciable con la memoria, la búsqueda de la verdad y el respeto profundo a los derechos humanos”, afirmó.
Para Carvajal, la decisión del Ejecutivo hace más relevante la convocatoria opositora. “Frente a un Ejecutivo que decide callar y no hacer nada, nosotros respondemos con unidad, organización y memoria para que el ‘Nunca Más’ sea una realidad y no una consigna”, afirmó.
La presidenta regional del Frente Amplio, Constanza Villalobos, llevó la crítica un paso más allá y vinculó directamente la decisión con la historia política del Presidente. “Es la primera vez que en Chile tenemos un Presidente abiertamente pinochetista y su gobierno decidió no realizar actos oficiales el 11 de septiembre”, afirmó.
Más allá de la disputa entre las interpretaciones, la diferencia entre Gobierno y oposición revela dos maneras de relacionarse con el pasado. La primera apuesta por no convertir al Estado en protagonista de una conmemoración que sigue dividiendo a la sociedad chilena. La segunda considera que precisamente por tratarse de un quiebre de la democracia y de un período marcado por violaciones a los derechos humanos, existe una responsabilidad pública de mantener viva la memoria.
La decisión de La Moneda, por ello, difícilmente puede ser leída únicamente como la suspensión de una ceremonia. También constituye una señal sobre el lugar que el nuevo Gobierno pretende otorgar a la memoria histórica dentro de su relato político: menos presencia institucional sobre el pasado y mayor énfasis en los problemas que considera prioritarios en el presente.
Y la oposición parece dispuesta a ocupar ese espacio. La romería de este sábado no solo recordará a las víctimas del golpe y la dictadura. También buscará instalar que, para ese sector, la memoria constituye una obligación democrática que no depende de que exista consenso sobre la interpretación del pasado
