El proyecto del Comité de Agua Potable Rural Parcelas Monterrico revela una de las contradicciones más difíciles de explicar de la gestión pública: mientras una necesidad básica sigue sin resolverse, una iniciativa que lleva años de trabajo y recursos invertidos permanece detenida por un problema administrativo.
El proyecto comenzó en 2021, contempla un pozo ya construido y cuenta con su etapa de diseño terminada. Sus 203 socios esperan que la iniciativa permita abastecer a unas 400 familias durante los próximos 20 años. Para llegar hasta aquí, incluso los propios vecinos aportaron $17 millones para adquirir el terreno donde se emplazaría el pozo. Sin embargo, la obra no puede avanzar porque no se han podido establecer las servidumbres necesarias para instalar las redes en determinados caminos.
El problema no es menor. La existencia de loteos irregulares, propietarios que no pueden ser ubicados, terrenos adquiridos mediante cesiones de derechos y predios sin títulos ni roles demuestra una realidad territorial que se ha desarrollado durante años al margen de una adecuada regularización. Pero también evidencia una falla en la planificación de los proyectos públicos: estas dificultades debieron ser identificadas y abordadas antes de llegar a la etapa final.
La situación adquiere ribetes especialmente preocupantes cuando las instituciones parecen atrapadas en una disputa de competencias. El comité plantea que el municipio podría reconocer los caminos como de uso público. Desde la Municipalidad, en cambio, sostienen que no existen atribuciones para emitir el certificado solicitado y que corresponde considerar las competencias de la DOH y la normativa aplicable.
Es razonable que el municipio no quiera exceder sus facultades. También es necesario respetar los derechos de propiedad y las exigencias legales para invertir recursos públicos. Pero una cosa es cumplir la ley y otra muy distinta es utilizar la complejidad normativa como justificación para que el problema permanezca sin solución.
La intervención de la Contraloría puede contribuir a despejar el camino jurídico. Lo que corresponde ahora es que las instituciones involucradas asuman coordinadamente la tarea de encontrar una salida. Si se requiere regularizar caminos, determinar competencias o modificar el diseño administrativo del proyecto, eso debe hacerse con celeridad.
Más aún porque existe una dimensión sanitaria que no admite demasiadas esperas. Los vecinos han advertido que durante el invierno las fosas se saturan y que existen riesgos de contaminación de las fuentes de agua que actualmente utilizan. Si esas condiciones han sido acreditadas mediante análisis, la urgencia deja de ser solamente administrativa y pasa a ser sanitaria.
El caso de Parcelas Monterrico debería servir también como advertencia para futuros proyectos de agua potable rural. No resulta razonable invertir en estudios, terrenos, pozos y diseños para descubrir al final que las condiciones jurídicas de los caminos impiden ejecutar las redes.
El Estado debe ser capaz de coordinar sus propias instituciones y anticiparse a estas dificultades. Para las familias, poco importa qué organismo tenga la competencia si ninguno logra destrabar el proyecto.
El acceso al agua potable no puede quedar atrapado entre títulos de dominio, servidumbres y decretos. La solución debe ser legal, pero también oportuna. Porque cuando una necesidad tan básica lleva años esperando una respuesta administrativa, el problema ya no es solamente de los vecinos: es del Estado.
