Señor Director:
Existe un impuesto que ningún chileno ha votado, pero que todos lo pagamos a diario, el Costo de No Calidad (CNC) del Estado (gobierno, empresas estatales y municipalidades). Se manifiesta en gastos exagerados, en las horas perdidas haciendo filas virtuales o presenciales, en licitaciones públicas fallidas, en subsidios mal asignados por bases de datos desactualizadas, en mala atención general y en funcionarios, unos atados de manos por procesos obsoletos y otros que se aprovechan de la burocracia.
En la era de la inteligencia artificial y la automatización, continuar justificando estas ineficiencias bajo el pretexto de cumplir “leyes específicas” o “rigidez presupuestaria” es insostenible. Se estima que este CNC no baja del 15% (Mill USD 21.000) de los ingresos estatales. Empresas que implementan sistemas de calidad tipo ISO 9001, descubren este CNC y que es entre un 8% y un 23% de sus ingresos. Y antes de la IA.
La Ley de Presupuesto premia el gasto del 100% del dinero asignado, no la calidad del servicio entregado. A su vez, leyes marco redactadas en el siglo pasado congelan estructuras que hoy deberían ser 100% digitales e interoperables.
Para cortar este ciclo se requiere urgencia legislativa en tres frentes, implementar revisiones sistemáticas del gasto para eliminar programas obsoletos, exigir por ley el principio de interoperabilidad obligatoria, el Estado jamás debería pedirle a un ciudadano un documento que ya posee e introducir cláusulas de caducidad a programas e instituciones ineficientes.
El Estado no necesita más recursos; necesita dejar de gastar en fallar.
Jorge Porter Taschkewitz
