El nuevo dato de desempleo conocido en Ñuble no admite lecturas complacientes. Con una tasa de 11% en el trimestre móvil mayo-julio, la región volvió a ubicarse en el tope de desocupación del país, alcanzando además su segundo registro más alto desde la pandemia. Son 26.890 personas desocupadas, una cifra récord que debería obligar a mirar el problema con sentido de urgencia, pero también con una perspectiva de largo plazo.
La preocupación aumenta al observar la composición de este resultado. Mientras el número de ocupados creció 2,4%, con 5.180 puestos adicionales, la fuerza de trabajo aumentó todavía más, en 6.380 personas. Es decir, la economía regional no está siendo capaz de generar empleos al ritmo que crece la cantidad de personas que buscan trabajar. Y, más preocupante aún, buena parte de los puestos que sí se crean corresponden a empleo asalariado informal y servicio doméstico, mientras el empleo asalariado formal retrocede.
La tasa de informalidad llegó a 34,5%, con un incremento de 3,2 puntos en doce meses. No se trata solamente de cuántas personas están trabajando, sino de qué calidad tienen esos empleos, qué estabilidad ofrecen y cuánto contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las familias. Una economía que reduce el desempleo a costa de una expansión de la informalidad difícilmente puede considerar cumplida su tarea.
Especial atención merece el desempleo femenino, que alcanzó un preocupante 13,7%, aumentando 1,8 puntos en un año. Esta brecha demuestra que el mercado laboral regional mantiene dificultades estructurales para incorporar y retener a las mujeres, un problema que no puede ser abordado únicamente con medidas coyunturales.
Es cierto que existe un componente estacional. Ñuble tiene una economía fuertemente vinculada a la agricultura y a actividades agroindustriales que reducen su contratación durante el invierno. Pero atribuir el resultado exclusivamente a este factor sería un error. Como ha planteado el Observatorio Laboral, detrás de estas cifras también existe un menor dinamismo económico y una estructura productiva que todavía ofrece pocas alternativas laborales estables durante buena parte del año.
Por eso resulta razonable que desde la región se esté levantando la voz para exigir un plan especial para Ñuble. La solicitud del gobernador regional al Gobierno central no debiera entenderse como una disputa política, sino como un llamado a reconocer una realidad objetiva: la región enfrenta condiciones particulares que requieren respuestas también particulares.
Ese plan debe tener, necesariamente, una fuerte componente de inversión. La baja ejecución o postergación de proyectos públicos tiene efectos que van mucho más allá de una obra que no se construye: significa actividad que no se genera, empresas que no contratan y trabajadores que no encuentran oportunidades. Las obras públicas pueden y deben cumplir un papel contracíclico, especialmente en momentos en que la construcción regional registra una caída de 17,8%.
También es indispensable abordar las trabas que frenan la inversión privada. El rezago de infraestructura eléctrica esgrimido por el comercio regional constituye una alerta que no puede ser ignorada. Si empresas, plantas de proceso, centros de packing o proyectos agrícolas no pueden conectarse a la red, se está restringiendo directamente la posibilidad de crear empleo. La ampliación de la línea Charrúa-Chillán representa, en ese sentido, una inversión estratégica que debe concretarse oportunamente y acompañarse de nuevas soluciones.
Ñuble necesita empleo hoy, pero sobre todo necesita dejar de depender de empleos estacionales, informales y de baja productividad. Para ello se requiere diversificar la matriz productiva, acelerar infraestructura habilitante, destrabar inversiones, fortalecer la capacitación y generar condiciones para que nuevas industrias y servicios se instalen en la región.
