Close

Choferes de taxibuses en Chillán admiten que aceptan la evasión por resguardo personal

Para la mayoría de los conductores de la locomoción colectiva que opera en la intercomuna Chillán-Chillán Viejo, si una persona de la tercera edad les dice que se quedó sin plata para recargar la tarjeta del pago electrónico de boletos, “les decimos que suban, no más”.

Cuando ven a estudiantes de 12, 13 ó 16 años esperando tarde una micro, y tampoco tienen carga en la tarjeta, “les decimos que suban no más. Si nosotros también tenemos hijos”.

Y si los llegan a fiscalizar los inspectores de la Seremi de Transportes, “les decimos que los llevamos porque son personas y no tenían plata. ¿O usted dejaría a una abuelita de 70 años abajo?

Pero también hay de los otros casos. De esos terribles e intimidantes.

Adultos, a veces en grupo, que suben y les lanzan dos o tres monedas al conductor y les dicen “no tengo más”. Y punto.

Otros que pagan con tarjetas de estudiantes, pese a rondar los 40 años. Y otros, como el caso del video viralizado en la semana pasada: un hombre se sube a la micro y le pide al conductor que lo lleve gratis.

Ante la negativa, el solicitante se ofusca y cae en un estado de ira que no logra contener ni tras decenas de puñetazos, patadas e incluso golpes con un palo al chofer; y luego a un pasajero quien, tras un par de minutos, decide intervenir.

“De esos, hemos tenido dos o tres este año”, explica Cleman Carrasco, presidente del gremio de transporte colectivo no asociado.

“Nosotros tuvimos uno bien grave y que afectó a un conductor de la línea 4”, añade Humberto Llanos, presidente de la Asociación de Taxibuses de Chillán.

Usuarios de redes sociales compartieron, luego, videos de la misma persona protagonizando otros hechos de violencia. Uno de ellos, incluso, contra Carabineros de la Segunda Comisaría de Chillán.

El conductor Sergio Quiroga suma más de 20 años en el transporte colectivo. La mayoría de ellos en Concepción y los últimos cinco, trabajando en la Línea 14, de Chillán.

“Es cierto, en Concepción hay muchos más casos. Pero sabe qué…yo veo clara la diferencia con Chillán. Allá la gente es agresiva por estrés; en cambio acá, es por resentimiento. Las personas más agresivas son las personas que sienten que este medio de pago las discrimina por ser de sectores rurales, por ejemplo. O las personas en situación de calle, o incluso los adultos mayores, ellos sienten que este sistema no los consideró y se descargan con nosotros”, dice.

Y resume que “agresiones físicas son pocas. Pero las otras… las amenazas, los insultos, los daños a las micros, los piedrazos…  eso ya se escucha todos los días. A mí me ha pasado”.

Relatos de colegas suyos apuntan a lo mismo. Mucha gente ya se hizo la idea en Chillán se debe pagar con este moderno y vanguardista método. Y otros ya saben que si quieren pagan, si no quieren, no.

Y acá viene el dato que desarma el relato y confunde al gremio: según la Seremi de Transportes de Chillán, la evasión en la intercomuna es de apenas un 0,06%.

Apenas siete fiscalizadores

El equipo de la División de Fiscalización de Transportes de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Ñuble es el encargado de controlar el cumplimiento de la normativa de transportes, tanto en materia de seguridad y condiciones técnicas de los vehículos, como en la calidad de los servicios de transporte terrestre.

En el caso del transporte colectivo mayor de Chillán y Chillán Viejo, también se fiscaliza el pago del pasaje y la evasión.

“En este contexto, a la fecha llevamos alrededor de 5 mil controles y los pasajeros citados por evasión representan apenas un 0,06%, siendo una cifra baja y que da cuenta también de que los usuarios se han adaptado positivamente al sistema de pago electrónico, que comenzó su implementación en 2023 y que desde enero de 2024 funciona de manera completamente electrónica en la intercomuna”, comentó el seremi del ramo en Ñuble, Omar Sandoval.

Desde la secretaría regional añaden que durante el primer mes de funcionamiento total del sistema, se registraron más de un millón de viajes pagados electrónicamente, “evidenciando una rápida adaptación de los pasajeros”.

También piden precisar que, cuando se detecta una situación de evasión, la infracción se cursa directamente al pasajero que no efectuó el pago correspondiente, y no al conductor ni al operador del servicio.

“De esta manera, el proceso de fiscalización busca promover el cumplimiento de la obligación de pago por parte de los usuarios y contribuir al correcto funcionamiento del sistema de transporte público”, aclaran.

Consultados ambos gremios de taxibuses de la intercomuna respecto a ese nivel de evasión, lo primero que se marca es amplio contraste con lo que exhibe, por ejemplo, la Región Metropolitana. Con el mismo sistema de pago, acusan un 34,9% de evasión, conforme a las cifras de fines de 2025 del Directorio de Transporte Público (DTP).

“No puedo decir qué porcentaje de evasión real existe en la intercomuna. Pero esa cifra de la Seremi resulta engañosa, ya que las fiscalizaciones que se realizan son muy pocas. Y eso es algo que le hemos planteado al seremi”, explica Humberto Llanos.

El presidente de la asociación argumenta que “me consta que este año han hecho cinco mil fiscalizaciones, pero si se entiende que este 2026 nuestras 10 líneas han generado 11 millones 800 mil boletos o validaciones, cinco mil como muestra es muy poco. En efecto, estimamos que la evasión en Chillán es baja, pero no tanto”.

En la Asociación de Taxibuses añaden que el 55% de los pasajeros son adultos, un 28% estudiantes y un 17% son adultos mayores.

Pero tanto, Llanos como Carrasco, dicen saber el por qué de la baja frecuencia de fiscalizaciones.

“Ellos (la Seremi de Transportes) tienen apenas siete fiscalizadores, quienes deben cumplir labores y diversas funciones en las 21 comunas. A veces en las plantas de Revisión Técnica, a veces en las direcciones de Tránsito, controlando el tema de las licencias y revisando lo que pasa con el transporte público urbano y rural. Con siete personas, es lógico que no alcanza”, sostuvo Carrasco.

“No nos vamos a arriesgar”

Si hay alguien que debe estar contento con el sistema de cobros automáticos son los dueños de las micros. Los choferes ya no pueden “derivar” tanta ganancia a destinos distintos que la caja de la empresa.

Para la gran mayoría de las personas, también ha resultado cómodo, considerando que cada vez más, el uso de monedas y billetes retrocede ante los pagos con tarjetas o con ayuda de los teléfonos móviles.

Quizás por eso la evasión es baja y las agresiones obedecen más a que en la ciudad existe gente agresiva, más que a episodios desbordados entre personas sensatas.

“Y si en Santiago, la evasión es del 34,9 por ciento, es porque allá los conductores viajan en una cabina y no pueden ver quién paga o quién no, y además, como reciben un sueldo fijo, tampoco se preocupan si alguien evade”, explica Humberto Llanos.

“Acá no estamos en eso”, complementa.

Entonces, el “mediador” o el “relacionador público” de la idea del cobro electrónico terminó siendo el conductor.

“Normalmente salimos como cualquier trabajador a buscar el trabajo y hacerlo con lo mejor que se pueda. No salimos pensamos en que nos va a pasar algo malo. Hay días que son tranquilos, hay otros días que no son tan tranquilos y eso es lo que nos pasa a todos, yo creo”, comenta Juan Mauricio Miranda, chofer de la línea 14.

Obviamente, no tiene registros contables ni un diario de vida, pero estima que en menos del 10% de los recorridos que se hacen, “resulta que a alguien te insulta o alguien le pega una patada a la micro. Y es aún más raro que te tiran una piedra, o te traten de romper un espejo”. 

Es en este contexto que declara que no es posible cumplir con fiscalizar el acceso electrónico a la máquina.

“Nosotros tenemos siete minutos para llegar de un paradero a otro y no podemos estar vigilando que toda la gente vaya pagando, entonces algunas personas que dicen le pago después y se lo esconden para atrás y al último, se aprovechan cuando hay mucha afluencia de público”, relata.

Por otro lado, esta obligación -para la que no fueron capacitados- “nos hace cometer errores. Una vez le reclamé a una niña que no había pagado el pasaje. Luego, revisando las cámaras resulta que sí pagó. Yo tuve la culpa de esa discusión e incluso llegó el papá de la niña a reclamar al terminal… y con justa razón”.

Las “personalidades” de los pasajeros ya forman parte de na taxonomía ad-hoc.

Hay adultos que usan pase escolar, ya reconocen al que siempre busca evadir, al que da discursos sobre “patrones y oprimidos” cuando les piden pagar los boletos y otros, quienes por tener alguna condición social o de salud compleja, sienten que el viajar gratis es un derecho adquirido.

“Yo no voy a discutir con ellos. No me voy a bajar a pelear ni nada. No nos vamos a arriesgar a ser agredidos por un pasaje de micro, el velar que el sistema funcione es rol de las autoridades, no es nuestra”, sentencia Miranda.

Colectivo no es igual a público

Su compañero de trabajo, Sergio Quiroga, añade que un grueso de los que reclaman son personas que vienen de fuera de la ciudad y se encuentra con que ya no se reciben monedas

“Creo que, de alguna manera, este sistema es más agresivo por el hecho de que cuando una persona no tiene cómo pagar su pasaje, no tiene la tarjeta, o se le hace muy complicado el tema de poder manejarse en el transporte público, sobre todo a la tercera edad y las personas que vienen desde los campos, se quedan con un problema complejo sin resolver, como es el trasladarse por la ciudad”, observa.

Según describe, “vienen de comunas rurales, hacen sus pedidos, sus compras, sus cosas, y es difícil tratar con ellos, después. Con los indigentes pasa lo mismo, ellos quieren andar gratis y creen que es nuestra obligación hacerlo”.

Sergio admite que es de los que no se opone a que ingrese sin pagar alguna persona adulta mayor que se quedó sin saldo o algún estudiante que anda sin su tarjeta y ya está anocheciendo.

Pero añade un nuevo punto respecto a la evasión: “Los mismos dueños de las micros evaden. Ellos trabajan para ganar dinero, como todo el mundo. Si una noche, una persona le ofrece unas monedas… ¿usted cree que le va a decir que no se suba?. Si no lo sube, pierde la plata y el pasajero se empieza a ir en colectivos. No le sale a cuenta a nadie y la fiscalización es muy poca”.

Es poca, y tampoco se hace en todas partes. Tanto Cleman Carrasco como Humberto Llanos -pese al peso de la responsabilidad de ser voceros de sus gremios- admiten que “hay barrios donde los fiscalizadores no se van a meter. Son barrios peligrosos, como Los Volcanes o Vicente Pérez Rosales, que es justo donde más evaden. Si se fiscaliza en el centro, lógico que la cifra será baja”, apuntan.

Y respecto al famoso “derecho adquirido” de viajar gratis, Llanos apunta a un error semántico que quizás debiera ser apuntado en los discursos de las autoridades: “no somos locomoción pública, somos locomoción colectiva, que es diferente. Somos particulares con obligaciones fijadas por el Ministerio, por lo tanto es un servicio por el que se cobra”.

Penas que se endurecen

Frente al fenómeno de la evasión y la agresión en los recorridos urbanos, la legislación chilena ha buscado endurecer las sanciones e incorporar mecanismos de resguardo para el personal de transporte.

Por un lado, la Ley 21.083 formalizó la creación del Registro de Pasajeros Infractores, sancionando el uso indebido o la clonación de pases escolares y pases con beneficio.

Esta normativa otorgó herramientas directas como la retención de la devolución de impuestos a la renta y la suspensión de trámites clave —entre ellos, la obtención de la licencia de conducir— para quienes mantengan multas impagas.

En esa misma línea, la posterior Ley 21.816 reforzó el procedimiento sancionatorio al tipificar el ingreso por puertas traseras no autorizadas e incorporar esquemas de cobro de tarifas recargadas.

Así, se elevan las penas contra quienes agredan o amenacen a conductores e inspectores e impuso sanciones accesorias severas a los evasores reincidentes, tales como la suspensión de la TNE o la Tarjeta Adulto Mayor, el rechazo de solicitudes de residencia o pasaportes y la prohibición de ingreso a estadios de fútbol profesional.

Además, la ley exige que los nuevos contratos de concesión contemplen la instalación gradual de cabinas de protección para los choferes. Cierto, la medida pondrá fin al “buenos días” o al “¿me deja en el portón negro, por favor?”, pero esa deshumanización se ha ido abriendo paso a patadas.

Felipe Ahumada

Agregar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Leave a comment
scroll to top