La Policía de Investigaciones realizó una serie de allanamientos por la investigación de presuntas irregularidades en las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE), incluyendo las oficinas de Junaeb y el Congreso Nacional, donde se incautaron los celulares de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (cupo FRVS).
Según detalló el prefecto David Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, fueron más de 80 funcionarios los que se desplegaron “en diferentes comunas de la región Metropolitana, y también en las ciudades de Iquique, Copiapó, La Serena y Coyhaique“.
Con ello, dijo, se logró “la incautación de diferentes dispositivos móviles como computadores, teléfonos y también documentos de relevancia”. Eso sí, el prefecto descartó que, de momento, existan detenciones por la causa.
la Fiscalía indaga una presunta red que habría favorecido a la empresa SOSER mediante raciones infladas, certificados falsos, registros adulterados y sobornos a funcionarios para acceder a información reservada y lograr licitaciones de alimentación escolar.
Al respecto, el director de la Junaeb, Fernando Peña, aseguró que la indagatoria se originó a partir de una denuncia presentada por la propia institución y mencionó como involucrados al exjefe jurídico Alejandro Layseca y a la exdirectora Camila Rubio.
Pesunto mecanismo de corrupción
En concreto, según radio Bío Bío, la arista más delicada apunta a un presunto mecanismo de corrupción montado para favorecer a la empresa en licitaciones públicas. De acuerdo con los antecedentes expuestos ante el tribunal por la fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina Calquin, se habría intercambiado información reservada, gestionado actos administrativos favorables y presionado para apartar a funcionarios fiscalizadores, a cambio de beneficios económicos o laborales. En ese esquema, según la presentación de la persecutora, habrían intervenido ejecutivos de SOSER, lobbistas informales, funcionarios de la Junaeb e incluso miembros del Congreso.
La ofensiva investigativa permitió a la Fiscalía obtener autorización para revisar teléfonos, computadores, correos, registros de llamadas, geolocalizaciones y movimientos bancarios desde 2018. Entre los lugares comprendidos por la orden figura el Congreso Nacional, asociado en el expediente a los parlamentarios Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (cupo FRVS), además de otros imputados.
