¿De qué sirve garantizar la “libre elección” de un establecimiento escolar si el sistema no asegura que la educación recibida sea de calidad? esta pregunta, tan incómoda como necesaria, vuelve al centro del debate cada vez que el calendario nos acerca al Sistema de Admisión Escolar. Concebido en 2015, bajo la promesa casi mesiánica de democratizar el acceso y desterrar la selección, el algoritmo vuelve a erigirse como el gran árbitro del destino educativo de miles de familias.
Hoy se anuncian, de manera altisonante, modificaciones legales al sistema. Se debate devolver ciertas “autonomías” de selección a las instituciones para calmar el descontento social. Sin embargo, no nos engañemos, estamos ante ajustes cosméticos.
La narrativa oficial defiende la libertad de las familias, pero la ironía es brutal, el SAE en la realidad asegura el derecho a declarar preferencias en una pantalla, pero no garantiza la asignación en el proyecto educativo deseado. La tan proclamada libertad queda reducida, en la práctica, a una suerte de “lotería digital”.
Una pregunta de fondo entonces es ¿alcanzarán estos ajustes para que los estudiantes no solo accedan a un establecimiento de su preferencia, sino que además reciban una educación de calidad?
Las familias tienen razones legítimas y diversas para elegir: cercanía, tradición, resultados académicos, formación valórica o actividades extracurriculares. Pero, antes que toda preferencia, el sistema debiera garantizar dos mínimos irrenunciables: aprendizajes de excelencia y comunidades educativas libres de violencia.
Quiero decir con firmeza que, la calidad no se resuelve ajustando un software centralizado, sin embargo, vemos con tristeza que, a más de una década de su creación, seguimos entrampados discutiendo la mecánica del acceso, relegando el corazón del debate “cómo garantizar una educación de calidad, inclusiva y orientada al desarrollo integral, en sistemas públicos y privados”.
Desde mi experiencia, he visto en medio de la ansiedad por obtener un cupo, familias que postulan a ciegas o sin considerar el futuro que buscan para sus hijos. Es paradójico en la gestión escolar, ver a apoderados celebrar la asignación de un cupo en colegios de alta exigencia académica y, pocos meses después, acudir a dirección a cuestionar el rigor pedagógico; o elegir proyectos educativos altamente inclusivos y luego incomodarse con la diversidad en el aula.
Un pequeño avance será entonces, que las instituciones educativas no solo exhiban su Proyecto Educativo Institucional; sino también, comuniquen con claridad sus reglamentos internos, su plan de convivencia escolar, sus sellos diferenciadores, etc; lo cual exigirá reciprocidad, pues una vez elegido un colegio, las familias, estudiantes y organismos públicos deben respetar su carácter y sus reglas, siendo imperativo que la autonomía institucional no sea avasallada por la conveniencia individual, la burocracia o la sobreintervención fiscalizadora.
Quizá el SAE seguirá acumulando parches y promesas. Pero la verdadera libertad no reside en el clic de una postulación, sino en la posibilidad que las escuelas ofrezcan verdadera educación de calidad y en la madurez familiar de comprender el proyecto elegido.
De lo contrario, seguiremos culpando al algoritmo de nuestras propias incoherencias.
Miguel Ángel San Martín Arriagada
Magister en Políticas Educativas
Magister en Gestión y Liderazgo Escolar
