La cárcel de Chillán no solo es un establecimiento penal; forma parte de la vida cotidiana del centro de la capital regional. Los denominados “pelotazos”, lanzamientos con los que personas, generalmente por calle Gamero, intentan abastecer a la población penal con drogas, celulares y otros elementos prohibidos.
Para poner atajo a esta práctica, el pasado 5 de agosto el Congreso Nacional despachó a ley la iniciativa que modifica el artículo 304 bis del Código Penal, endureciendo las sanciones para quien lance o intente ingresar cualquier objeto a los recintos penitenciarios por vías no autorizadas.
Durante el último mes, hubo 15 procedimientos con la incautación de 234 gramos de distintas drogas, 12 teléfonos celulares y armas blancas.
El principal avance de la nueva ley es que a partir de ahora, la conducta será sancionada incluso si el paquete arrojado no logra ser recuperado o no se puede precisar su contenido.
Las penas contempladas van desde 61 días a 3 años de cárcel, tanto para quienes lanzan los paquetes como para quienes sean sorprendidos en posesión de esos elementos. Asimismo, la pena aumentará en un grado si el objeto busca vulnerar la seguridad, poner en riesgo a las personas o facilitar fugas.
Lanzamientos de madrugada
La Seremi de Justicia Ñuble, Natalia Reyes, abordó la complejidad particular que representa la ubicación geográfica del penal en el corazón de Chillán, explicando que “si no baja la cifra y es precisamente porque no hemos podido frenar el tema de los pelotazos”.
La autoridad detalló que la ubicación del recinto, favorece el problema, porque está en el centro de la ciudad, añadiendo que “ya tenemos levantada la información de que esto ocurre principalmente en un horario entre la 1:00 y las 4:00 de la mañana”.
Respecto a las medidas operativas para contener el fenómeno, comentó que incluso se ha contemplado cerrar la calle en esos horarios.
“Pero cerrar una calle igual implica destinar personal policial. Entonces, hay que tomar las decisiones que sean las más efectivas, pero también eficientes desde el punto de vista del trabajo que implica para Carabineros y la PDI”.
Por su parte, el Director Regional de Gendarmería en Ñuble, coronel Miguel Álvarez, destacó la importancia del cambio legislativo.
“Esta situación requiere una respuesta coordinada y decidida, porque forma parte de las amenazas que enfrentamos en materia de seguridad penitenciaria y que hoy también están siendo abordadas por las autoridades regionales en la Mesa de Crimen Organizado”, afirmó.
El coronel agregó que “hemos fortalecido el trabajo conjunto con ambas policías y los distintos organismos vinculados a la seguridad, desarrollando acciones de coordinación, análisis de información y procedimientos operativos que ya han permitido obtener resultados positivos, entre ellos, la detención de personas responsables de estos lanzamientos”.
