Hay situaciones que, por su gravedad, terminan convirtiéndose en una radiografía de la incapacidad para resolver problemas. Lo que ocurre desde hace meses en Avenida Vicente Méndez, en el sector de La Curva, es una de ellas. Una fuga y rebalse de aguas servidas que se ha transformado en parte del paisaje cotidiano ya no puede ser considerado una molestia menor ni un problema que admita respuestas burocráticas. Es un asunto sanitario, de seguridad vial y, a la luz del accidente fatal ocurrido este lunes, de máxima urgencia.
La investigación de la SIAT Ñuble deberá establecer las causas basales del siniestro que terminó con la muerte de Mario Labra Arias, de 63 años, y determinar si la acumulación de agua tuvo alguna incidencia en la secuencia de hechos. No corresponde anticipar conclusiones. Pero tampoco sería razonable esperar el resultado de los peritajes para reconocer algo que resulta evidente: una vía de alto flujo vehicular que permanece con agua contaminada, cuando hace frío congelada, y condiciones deficientes de drenaje constituye, por sí misma, un riesgo que debe ser atendido.
Lo más preocupante, sin embargo, es la respuesta institucional que ha acompañado este problema. En buen chileno, todos parecen estar “tirándose la pelota”.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Serviu declinan pronunciarse porque la obra de mitigación vial fue ejecutada por un privado y posteriormente recepcionada por la Municipalidad de Chillán. Essbio, por su parte, explica que sus colectores se han visto sobrecargados por la infiltración de aguas lluvia y apunta a que la infraestructura sanitaria no está diseñada para transportar esos caudales. Desde el municipio se sostiene que la mantención corresponde a otro organismo, sin identificarlo, y que la recepción efectuada por la Dirección de Obras Municipales fue un procedimiento administrativo. Mientras tanto, el aparente titular privado de la obra, Outlet Vivo Chillán, optó por no referirse al problema.
¿Y quién se hace cargo?
La pregunta es especialmente pertinente porque no estamos hablando de una discusión académica sobre competencias administrativas. Hay aguas servidas brotando sin parar en una avenida, malos olores, riesgos para quienes circulan y antecedentes recientes de problemas de drenaje y alcantarillado en el mismo sector. En julio, otro sistema frontal provocó el colapso de un colector y el ingreso de aguas servidas a un condominio cercano. Es decir, existen señales suficientes para entender que no se trata de un episodio aislado.
Tampoco parece suficiente enviar cuadrillas cuando el problema se vuelve visible o adquiere notoriedad pública. La reacción posterior al accidente, aunque necesaria, no reemplaza la prevención. Si una obra de mitigación vial modificó las condiciones de escurrimiento, si existen problemas de conexión entre aguas lluvias y alcantarillado, o si la infraestructura sanitaria resulta insuficiente para las condiciones actuales, corresponde identificar técnicamente la causa y ejecutar una solución definitiva.
Y para eso no puede existir una zona gris de responsabilidades.
