Conectar la recuperación del espacio público con la seguridad ciudadana es un desafío que Chillán no puede seguir postergando. El reciente anuncio del cierre perimetral de un tramo del estero Las Toscas y el retiro del puente peatonal de calle Rosas responde a una realidad innegable: los vecinos llevan años conviviendo con robos, consumo de alcohol y drogas, vandalismo e incivilidades que han transformado un lugar concebido como área verde en un foco de temor. Sería irresponsable minimizar esa situación o desconocer el legítimo derecho de quienes habitan el sector a exigir soluciones urgentes.
Sin embargo, la respuesta que hoy se plantea abre una interrogante de fondo. ¿La solución a la delincuencia consiste en cerrar espacios públicos y retirar infraestructura urbana, o en recuperarlos para el uso de la comunidad?
El deterioro del estero Las Toscas no es consecuencia de la existencia de un puente o de un sendero. Es el resultado de años de abandono, de una presencia insuficiente del Estado y de la incapacidad para impedir que grupos dedicados a cometer delitos se apropien de un bien que pertenece a todos. En otras palabras, el problema no es el espacio público; el problema es haber renunciado a ejercer autoridad sobre él.
Cerrar un parque, enrejar una ribera o eliminar un puente puede entregar una sensación inmediata de tranquilidad y reducir ciertas oportunidades para la comisión de delitos. Pero también implica aceptar que la delincuencia ganó esa batalla específica, obligando a los ciudadanos honestos a perder acceso a espacios que fueron construidos precisamente para mejorar su calidad de vida.
No deja de ser paradójico. Durante años, las ciudades han entendido que los espacios públicos activos, iluminados y utilizados son una de las mejores herramientas de prevención del delito. Cuando un parque, una plaza o una ribera son ocupados por familias, deportistas, adultos mayores y niños, se produce vigilancia natural, aumenta la percepción de seguridad y disminuyen las posibilidades para quienes buscan actuar al margen de la ley. En cambio, cuando esos lugares se cierran, quedan vacíos o desaparecen, la ciudad termina empobreciéndose.
Por supuesto, existen medidas inevitables. Si un puente presenta riesgo estructural, debe retirarse o reconstruirse. La seguridad física de las personas no admite discusión. Pero el retiro de esa infraestructura debería ser el inicio de un proyecto de recuperación, no el punto final. Lo deseable sería reemplazarlo por una estructura segura y moderna, acompañada de mejor iluminación, cámaras, poda de vegetación, patrullajes preventivos y una presencia policial y municipal permanente.
Hace días este diario advertía sobre la importancia de no seguir perdiendo espacios públicos producto del abandono y la inseguridad. Esa reflexión cobra hoy plena vigencia. La ciudad no puede resignarse a levantar rejas cada vez que un sector enfrenta problemas de delincuencia. Si esa lógica se instala, mañana podrían cerrarse plazas, parques o ciclovías bajo el mismo argumento.
La verdadera recuperación urbana exige mucho más que barreras físicas. Requiere gestión, mantenimiento, vigilancia, inversión y una estrategia sostenida que permita devolver esos lugares a quienes nunca debieron perderlos: los vecinos. Porque una ciudad segura no es aquella donde los espacios públicos desaparecen, sino aquella donde las personas pueden volver a ocuparlos con confianza. Ese debe ser el objetivo de Chillán: recuperar el estero Las Toscas para la comunidad, no renunciar a él.
