El Gobierno consiguió uno de sus triunfos legislativos más relevantes desde el inicio de la tramitación del Plan de Reconstrucción.
Con 27 votos a favor y 22 en contra, el Senado aprobó el informe de la comisión mixta que definía el mecanismo de compensación para los municipios por el cese de las contribuciones para los propietarios mayores de 65 años, el último artículo pendiente de la megarreforma.
La votación estuvo precedida por intensas negociaciones con senadores de distintos sectores y por una fuerte presión de alcaldes que cuestionaban la fórmula propuesta por el Ejecutivo. El resultado permitió destrabar el proyecto completo y enviarlo a su etapa final, aunque el desenlace político está lejos de concluir: el Gobierno anunció vetos presidenciales sobre materias como el anatocismo, el derecho al olvido financiero y el pago a 30 días a las pymes, mientras que algunos artículos serán impugnados ante el Tribunal Constitucional.
El margen de cinco votos reflejó que la discusión dejó una fractura transversal. La oposición se dividió y el Ejecutivo logró sumar apoyos decisivos, entre ellos los de Pedro Araya (PPD), Matías Walker (Demócratas) y Sergio Gahona (UDI), tras un protocolo de acuerdo que incorporó recursos para la reconstrucción en las regiones de Coquimbo y Atacama.
Ñuble: dos miradas sobre la fórmula
En el caso de Ñuble, la votación mostró posiciones contrapuestas. El senador Gustavo Sanhueza (UDI) respaldó el informe y vinculó su aprobación con la necesidad de entregar certezas a los municipios y a la economía.
“Hoy día, lo que se está votando es si se deja con el mismo presupuesto que estaban los municipios o no. A ninguno se le va a dar más de lo que tenía y a ninguno se le va a dar menos de lo que tenía”, sostuvo durante su intervención.
Sanhueza argumentó que el objetivo inmediato es asegurar el funcionamiento municipal y abrir espacio para una agenda más amplia de reactivación.
“La ciudadanía requiere certezas para que los inversores puedan invertir con la tranquilidad de tener el escenario establecido. Eso va a permitir crecimiento y generar empleo”, afirmó.
El parlamentario aprovechó además de instalar otro tema: la deuda previsional de numerosos municipios. Señaló que solicitó al Gobierno una estrategia para que el Estado se haga cargo de esas obligaciones y evitar que se repitan.
La senadora Loreto Carvajal (PPD), en cambio, mantuvo su rechazo a la fórmula gubernamental. Aunque no intervino en la sala, había anticipado que votaría en contra por considerar que el mecanismo de compensación es regresivo.
A su juicio, compensar con impuestos generales a comunas con mayores ingresos implica que el costo sea asumido por todos los contribuyentes.
“Los impuestos generales deben destinarse a fondos solidarios como el Fondo Común Municipal y la compensación a municipios como Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea no puede hacerse con impuestos generales”, planteó.
Carvajal defendió que el Fondo Común Municipal cumple una función de equidad territorial y sostuvo que la fórmula pudo haberse perfeccionado mediante un mecanismo de financiamiento progresivo. “Los temporales nos muestran que la desigualdad de recursos de los municipios sigue vigente y deben privilegiarse instrumentos de equidad territorial”, argumentó.
Luego de esta votación, el Gobierno logró preservar uno de los compromisos centrales del proyecto y evitar que la compensación municipal se transformara en el punto de quiebre de la megarreforma. Sin embargo, el estrecho margen obtenido y las reservas de constitucionalidad presentadas anticipan que la última etapa de la iniciativa seguirá marcada por una tensa espera.
