La probidad en la función pública no puede descansar únicamente en declaraciones de principios. Requiere mecanismos objetivos, verificables y aplicables de manera uniforme para quienes ejercen responsabilidades que comprometen la confianza de la ciudadanía. En ese contexto, la decisión del Gobierno de impulsar una reforma constitucional que establezca el cese automático de autoridades que obtengan un resultado positivo en exámenes de drogas abre un debate que trasciende el caso puntual que dio origen a la iniciativa.
La salida del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego de un examen positivo, puso a prueba una política que la actual administración había presentado como uno de los pilares de su agenda de transparencia. La experiencia evidenció que los controles administrativos, aunque relevantes, pueden resultar insuficientes si no cuentan con un respaldo jurídico sólido y homogéneo. De allí que el Ejecutivo busque elevar esta exigencia al rango constitucional y extenderla a ministros, subsecretarios, parlamentarios, gobernadores, delegados presidenciales, alcaldes, concejales y consejeros regionales.
La propuesta tiene un mérito evidente: avanzar hacia reglas comunes para autoridades que hoy enfrentan estándares distintos según el poder del Estado o la institución a la que pertenecen. La ciudadanía difícilmente comprende por qué un subsecretario debe someterse a controles obligatorios mientras otras autoridades con similares niveles de responsabilidad quedan sujetas a normas internas o, derechamente, carecen de ellas. La igualdad ante las exigencias de probidad fortalece la legitimidad de las instituciones y reduce espacios para privilegios o interpretaciones discrecionales.
En Ñuble, la implementación de estos controles ha transcurrido sin resultados positivos, lo que ha sido destacado por las propias autoridades regionales como una señal de normalidad y de compromiso con la transparencia. Más allá de los resultados, el hecho de que los exámenes se hayan aplicado sin mayores controversias demuestra que este tipo de medidas puede integrarse al ejercicio de la función pública como una práctica habitual y no como una sanción anticipada.
Sin embargo, la discusión parlamentaria no debería reducirse a una dicotomía entre estar a favor o en contra de los test de drogas. Existen aspectos jurídicos y procedimentales que requieren un análisis cuidadoso. El debido proceso, la posibilidad de contramuestras, la cadena de custodia de los exámenes, los mecanismos de apelación y la forma en que se publicarán los resultados son elementos indispensables para evitar arbitrariedades. Una política destinada a fortalecer la probidad no puede debilitar, al mismo tiempo, las garantías fundamentales.
También resulta legítimo plantear que la lucha por una mayor integridad en el servicio público no termina en los controles de drogas. La transparencia exige igualmente fortalecer la fiscalización del patrimonio de las autoridades, perfeccionar los mecanismos para detectar conflictos de interés, robustecer las investigaciones sobre corrupción y mejorar las herramientas de control financiero cuando existan antecedentes fundados. Son medidas complementarias, no excluyentes.
La confianza ciudadana se recupera mediante instituciones que rindan cuentas y autoridades sometidas a estándares exigentes. En esa dirección, la reforma constituye un avance relevante, siempre que su discusión permita perfeccionarla y asegurar que combine firmeza con respeto irrestricto a las garantías constitucionales. La probidad no debe entenderse como una bandera política circunstancial, sino como un principio permanente sobre el cual descansa la credibilidad del Estado y de quienes tienen la responsabilidad de conducirlo.
