La renuncia del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras arrojar positivo en un examen de drogas, marcó un punto de inflexión en una política que el gobierno de José Antonio Kast había incorporado desde el inicio de su mandato como uno de sus principales compromisos en materia de probidad.
Lejos de limitarse a exigir controles a las autoridades, la Moneda decidió dar un paso adicional con el envío de una reforma constitucional que busca establecer el cese automático en el cargo de quienes obtengan un resultado positivo.
La iniciativa llega después que dos autoridades del Ejecutivo -un subsecretario y un secretario regional ministerial- abandonaran sus funciones en las últimas semanas en medio de la aplicación de los controles. A ellos se suma un segundo seremi, quien renunció y no quiso hacer público su examen de drogas.
Aunque el caso del exsubsecretario Rodríguez concentró la atención pública, el Ejecutivo sostiene que la experiencia confirmó la necesidad de transformar una exigencia administrativa en una obligación con rango constitucional.
El proyecto plantea que ministros, subsecretarios, parlamentarios, delegados presidenciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales deban someterse a un examen al asumir el cargo, y luego, de manera aleatoria durante el ejercicio de sus funciones. Si el resultado confirma consumo de drogas ilícitas, se configuraría una nueva causal de cesación en el cargo.
La propuesta también busca uniformar un sistema que hoy presenta exigencias distintas según cada institución. Mientras el Presidente y las autoridades del Ejecutivo ya están sujetos a controles mediante normas administrativas y presupuestarias, en otros poderes del Estado las obligaciones dependen de reglamentos internos o simplemente no existen.
Ñuble sin resultados positivos
En la Región de Ñuble, el proceso de aplicación de los test se ha desarrollado sin inconvenientes, y hasta ahora, no registra resultados positivos entre las autoridades de Gobierno que se han sometido a los exámenes.
El seremi de Gobierno, Marco Muñoz, sostuvo que la medida responde a una demanda ciudadana por elevar los estándares de transparencia. A su juicio, la política debe recuperar la confianza mediante acciones concretas y no solo declaraciones, por lo que estimó que quienes ejercen responsabilidades públicas deben acreditar que se encuentran en condiciones de desempeñar sus funciones.
Según explicó, la experiencia regional demuestra que los controles han operado como un mecanismo preventivo y de fortalecimiento de la confianza pública. Además, valoró que la reforma constitucional permita convertir esta práctica en una obligación legal para un amplio grupo de autoridades.
En tanto, la seremi de Vivienda, Carolina Navarrete, quien también se sometió al examen, respaldó la iniciativa y recordó que actualmente constituye un requisito para ejercer cargos de confianza. Sin embargo, planteó que el sistema podría ampliarse más allá de las autoridades políticas.
A su juicio, funcionarios que administran recursos públicos, ejercen labores de subrogancia o desempeñan funciones de alta responsabilidad también deberían quedar sujetos a controles periódicos, incluso mediante exámenes de orina o sangre cuando resulte más eficiente que el análisis capilar, cuyo costo es considerable.
La autoridad destacó además que quienes se realizan el examen deben autorizar la publicación de sus resultados conforme a las normas de transparencia, elemento que, a su juicio, fortalece el control ciudadano sobre la función pública.
La discusión, sin embargo, promete abrir un nuevo debate político en el Congreso.
Mientras el oficialismo sostiene que el consumo de drogas resulta incompatible con el ejercicio de altas responsabilidades públicas, sectores de oposición han advertido que un examen positivo, por sí solo, no acredita vínculos con el narcotráfico ni con organizaciones criminales.
Desde esas posiciones se ha insistido en que el fortalecimiento de la probidad también debiera incorporar herramientas adicionales, como mayores controles patrimoniales, levantamiento del secreto bancario en casos fundados y mecanismos más robustos para detectar eventuales redes de corrupción.
Con ese escenario, la reforma impulsada por el Ejecutivo no solo busca instalar un nuevo estándar para quienes ejercen cargos públicos, sino también abrir una discusión sobre hasta dónde deben extenderse las exigencias de transparencia en el aparato estatal.
