Señor Director:
Mientras Chile lloraba la muerte de un carabinero que entregó su vida en cumplimiento del deber, la atención pública también se dirigía al despliegue del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto del imputado por este crimen. Esa imagen resulta profundamente dolorosa para miles de chilenos y, especialmente, para la familia del funcionario fallecido y para toda la institución de Carabineros.
Nadie discute que el Estado deba garantizar los derechos de toda persona sometida a un proceso penal. Sin embargo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos debe preguntarse si su actuar transmite un equilibrio real entre la protección de las garantías individuales y el reconocimiento a las víctimas de la violencia.
Cuando un carabinero muere defendiendo a la ciudadanía, Chile espera que sus instituciones expresen con la misma fuerza su compromiso con quienes arriesgan y pierden la vida por nuestra seguridad. De lo contrario, se instala una sensación de abandono que ninguna democracia debiera permitir.
Raúl Sandoval Sepúlveda
