El alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, fue formalizado este martes por cuatro hechos que afectarían a dos funcionarias municipales que se encontraban bajo su dependencia. El tribunal decretó como medidas cautelares arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse a las víctimas, además de fijar un plazo de investigación de tres meses.
El fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez Nova, explicó que una de las denunciantes se desempeñaba como directora de un jardín infantil dependiente del municipio, mientras que la segunda realizaba labores administrativas a contrata.
“Nosotros le comunicamos cargos por cuatro hechos que afectan a dos víctimas distintas. Ambas estaban bajo su dependencia por ser el alcalde y ellas trabajaban en distintas áreas de la municipalidad”, indicó.
Según detalló el persecutor, el hecho de mayor gravedad corresponde a un delito de violación mediante la utilización de fuerza contra una de las víctimas. Los demás cargos corresponden a abuso sexual por sorpresa, solicitación de persona y amenazas.
“También hay un delito de amenaza de un mal que no constituye delito, esto es, desvincularla por no acceder a tener relaciones sexuales con él”, sostuvo Pérez Nova.
Respecto del tiempo que tomó la investigación antes de concretar la formalización, el fiscal señaló que las causas por delitos sexuales suelen requerir extensos procesos periciales para respaldar los relatos y determinar el daño provocado a las víctimas.
“Requerimos contar con informes que respalden el relato de la víctima, informes periciales de daño, que nosotros recibimos en esta causa hace pocos días. Son superrelevantes para poder acreditar ante el tribunal el daño que le ha provocado una experiencia de victimización sexual como esta”, explicó.
Agregó que estos procedimientos pueden considerar más de 20 o 30 atenciones a la víctima antes de que los equipos profesionales estén en condiciones de emitir un informe fundado. Durante los tres meses decretados por el tribunal, el Ministerio Público continuará desarrollando diligencias para precisar uno de los hechos investigados.
Pérez Nova indicó además que la posición de autoridad del imputado y la dependencia laboral de las víctimas podrían ser consideradas como una circunstancia agravante. De acuerdo con el cálculo preliminar de la Fiscalía, las penas eventualmente aplicables podrían superar los siete años de privación de libertad en caso de una condena.
“Estamos hablando de una pena superior a los siete años, en el evento de que hubiera condena, pero eso es un cálculo aproximado, teniendo presente la eventual concurrencia de atenuantes también”, precisó.
Sobre la continuidad de Jorge del Pozo en el cargo de alcalde, el fiscal sostuvo que la materia deberá ser evaluada por el Concejo Municipal y por las autoridades administrativas correspondientes.
“Eso tiene que evaluarlo el Concejo Municipal en su mérito. Entiendo también que hay pronunciamientos de la Contraloría al respecto. Eso se verá ante la autoridad administrativa que corresponde”, concluyó.
