La buena administración de los bienes públicos constituye uno de los pilares de un Estado moderno y responsable. Cada inmueble fiscal, cada terreno y cada dependencia perteneciente al patrimonio nacional tiene un propósito: servir al interés general y responder a las necesidades de la ciudadanía. Cuando ese objetivo se desvía por el uso irregular de estos bienes, no solo se vulnera la legalidad, sino que también se priva a otras instituciones y comunidades de recursos que podrían mejorar su capacidad de servicio.
En ese contexto, las recientes acciones emprendidas por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales en Ñuble para recuperar departamentos fiscales en la comuna de San Carlos representa una señal clara de que el patrimonio público debe administrarse con criterios de eficiencia, transparencia y responsabilidad, sin excepciones.
La detección de ocupaciones irregulares y el inicio de procesos de recuperación demuestran que el Estado tiene el deber de revisar permanentemente el destino de los bienes que administra. No basta con conservarlos; es indispensable asegurar que estén cumpliendo la función para la cual fueron destinados. Un inmueble fiscal desocupado, mal utilizado o entregado a personas que no tienen derecho a ocuparlo significa una oportunidad perdida para organismos públicos que requieren infraestructura, para funcionarios que necesitan espacios adecuados o para programas sociales que podrían beneficiar directamente a la población.
Es clave que este trabajo se desarrolle mediante procesos formales, privilegiando el diálogo y agotando las instancias de acuerdo antes de recurrir a medidas más drásticas. Ello fortalece la legitimidad de las decisiones y demuestra que el cumplimiento de la ley puede ir de la mano con el respeto a las personas y al debido proceso.
En Ñuble, donde las necesidades de infraestructura pública siguen siendo importantes, recuperar bienes fiscales adquiere un valor estratégico. Son recursos que pertenecen a todos los chilenos y que, administrados correctamente, pueden transformarse en oficinas para servicios públicos, dependencias para instituciones de seguridad, espacios comunitarios o inmuebles destinados a fortalecer la presencia del Estado en los territorios.
La meta regional de revisar la situación de 129 inmuebles con irregularidades revela, además, que este no es un problema aislado, sino un desafío de gestión que exige continuidad y decisión. Lo importante será que cada caso se resuelva con criterios técnicos, transparencia y estricto apego a la normativa, evitando cualquier espacio para arbitrariedades.
