Fue a fines de 2025, durante la administración del entonces Presidente Gabriel Boric, cuando el Ministerio de Bienes Nacionales solicitó a su seremi en Ñuble una batería de informes destinados a evaluar las condiciones que presentaba el sector de Quilmo, con miras a proyectar allí la construcción de una futura cárcel regional.
En la repartición regional cumplieron con la tarea.
Durante varias semanas, equipos técnicos de Bienes Nacionales y de la Seremi de Justicia realizaron visitas al predio fiscal donde actualmente funciona el campo de entrenamiento del Regimiento de Chillán, levantando antecedentes relacionados con las características del terreno, su emplazamiento y las condiciones que eventualmente permitirían desarrollar un proyecto penitenciario de gran escala.
Con esos informes terminados, los antecedentes fueron remitidos a Santiago para su evaluación. Sin embargo, el cambio de administración terminó ralentizando el proceso y, hasta ahora, no existe un pronunciamiento oficial respecto de las conclusiones elaboradas por los equipos técnicos.
Pese al silencio institucional, fuentes conocedoras del proceso sostienen que la evaluación habría sido desfavorable, lo que dejaría a Quilmo fuera de carrera como eventual emplazamiento de una nueva cárcel regional para Ñuble.
En dos oportunidades, La Discusión consultó directamente al delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, respecto al contenido de dichos informes. La autoridad respondió que “estoy solicitando la información”, por lo que evitó confirmar o descartar oficialmente una versión que, de todas maneras, admite conocer.
Lo que sí confirmó es que la búsqueda continúa abierta y que hoy se desarrolla por dos caminos paralelos.
“Tenemos dos aristas de búsqueda de terrenos para una cárcel regional. Una es seguir revisando predios del Estado y, en ese sentido, no podemos descartar todavía a Quilmo; y la otra, necesariamente apunta a predios particulares dentro de la región”, explicó.
Consultado sobre las comunas donde actualmente existirían gestiones, anticipó que una de las alternativas corresponde al sector de Oro Verde, en la comuna de Chillán.
Respecto de un segundo sitio que también se encuentra bajo análisis, prefirió mantener reserva sobre su ubicación exacta, limitándose a señalar que corresponde a “un sector que tiene salida directa a la Ruta 5 Sur”, descripción que abre el abanico de posibilidades hacia comunas como San Carlos, San Nicolás, Chillán, Chillán Viejo o Bulnes.
“Que se quede en Chillán”
La cautela con que hoy se maneja el Ejecutivo no es casual. En los últimos años, distintos intentos por emplazar un nuevo recinto penitenciario en Ñuble han encontrado una fuerte resistencia tanto de las comunidades como de las autoridades locales.
Uno de los episodios más recordados fue protagonizado por el entonces alcalde de Chillán Viejo, Felipe Aylwin, quien incluso llegó hasta el Palacio de La Moneda para solicitar que el proyecto no se instalara en su comuna.
Otro momento de alta tensión se vivió en San Carlos, durante la administración del exalcalde Hugo Gebríe.
En esa oportunidad, representantes de Gendarmería y la entonces seremi de Justicia, Jacqueline Guíñez, concurrieron al concejo municipal con el propósito de explicar los alcances de la iniciativa.
Sin embargo, la comunidad ya estaba alertada sobre las tratativas y un grupo de vecinos irrumpió en la sesión, impidiendo incluso que las autoridades alcanzaran a exponer el proyecto.
Hoy, sin embargo, aparece una postura distinta.
El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, manifestó públicamente su disposición a que la futura cárcel permanezca dentro de los límites comunales, siempre que abandone su actual emplazamiento en pleno centro de la ciudad y sea trasladada a un sector rural, alejado de áreas pobladas, donde pueda desarrollarse un proyecto de mayor envergadura.
“Siempre hemos dicho que no podemos tirar las cosas que no nos gustan de Chillán a las comunas vecinas. Hoy la cárcel más grande de Ñuble está en el centro de la ciudad; y lo que corresponde es que la saquen de ahí, pero que la ubiquen en otro punto de nuestra comuna”, sostuvo.
La autoridad comunal argumenta que Chillán también debe asumir responsabilidades frente a una infraestructura que considera estratégica para la región.
“A la comuna se la ha favorecido con recursos para un centro Teletón, parques, plazas, museos regionales y tantas otras obras de infraestructura mayor que benefician directamente a nuestros vecinos. No podemos caer en el egoísmo de negarnos a recibir algo que, además, ya forma parte de la ciudad”, planteó.
La discusión, sin embargo, trasciende la voluntad política de las autoridades locales.
La futura cárcel proyectada para Ñuble considera alrededor de 2.500 plazas, una capacidad muy superior a las cerca de 340 para las que fue diseñada la actual unidad penal de Chillán, donde hoy permanecen alrededor de 850 internos.
El nuevo complejo, además, debería absorber progresivamente la población penal de establecimientos como Bulnes, Quirihue, San Carlos e incluso Yungay, concentrando cerca de 1.200 personas privadas de libertad entre hombres y mujeres.
Esa dimensión modifica completamente las exigencias técnicas que debe reunir el terreno escogido.
Ya no basta con disponer de una superficie amplia: también se requiere conectividad, condiciones geográficas favorables, disponibilidad de servicios básicos, compatibilidad con la planificación territorial y un entorno que permita garantizar tanto la seguridad del recinto como su funcionamiento durante las próximas décadas.
No hay mucho para escoger
Más allá del debate político sobre el lugar donde finalmente se emplace el futuro recinto penitenciario, los especialistas coinciden en que la elección del terreno es un proceso mucho más complejo que encontrar un paño de gran tamaño.
Aspectos como la seguridad, la conectividad, la planificación urbana y el crecimiento futuro de las ciudades terminan reduciendo considerablemente las alternativas disponibles.
El arquitecto Claudio Martínez, exdirector nacional de Gendarmería y especialista en infraestructura penitenciaria, sostiene que un establecimiento con capacidad para unas 2.500 personas requiere condiciones muy específicas desde el punto de vista territorial.
“Entre ellas, un terreno amplio, plano, con buena accesibilidad y, sobre todo, protegido por una zona de exclusión que impida que el desarrollo urbano termine rodeando el recinto con el paso de los años”, resume.
Explica luego, que esa planificación busca evitar experiencias como la ocurrida en el caso del penal Colina 1 (Región Metropolitana), donde un establecimiento penitenciario que originalmente se construyó en un entorno rural terminó completamente rodeado por viviendas ocupadas por familiares de los reos, tras la expansión del radio urbano.
“Una cárcel para esa cantidad de personas requiere un terreno de mucha extensión que, con toda seguridad, va a estar fuera de la ciudad. Se necesita una zona de exclusión que evite la instalaciones de proyectos habitacionales, o la aparición de campamentos, y es necesario que eso quede muy bien regulado en el plan regulador para que no ocurra lo que pasó en la comuna de Colina”, plantea.
A ello se suma otro factor igualmente relevante, como la conectividad. Martínez explica que un recinto penitenciario no puede quedar aislado de los centros urbanos, ya que diariamente debe movilizar internos hacia tribunales, recibir visitas, abastecimiento y permitir el desplazamiento permanente de funcionarios.
“Son lugares que tienen que estar muy despejados, alejados de las zonas urbanas, con buena accesibilidad hacia los tribunales y los principales centros poblados”, agrega.
A juicio del especialista, estas exigencias reducen considerablemente la cantidad de terrenos aptos en una región eminentemente agrícola como Ñuble. Si bien gran parte de su superficie corresponde a áreas rurales, ello no significa que cualquier predio pueda transformarse en un establecimiento penitenciario.
El fenómeno del crimen organizado agrega una variable adicional. El arquitecto pide no olvidar que la experiencia reciente del país demuestra que algunos penales de alta complejidad han terminado generando asentamientos de familiares en sus alrededores, modificando el entorno inmediato del recinto y aumentando las exigencias de planificación.
“Si van a existir internos de alta peligrosidad, la cárcel debe mantener, en alguna medida, su condición de un lugar razonablemente aislado”, sostiene.
Respecto del sector de Oro Verde, uno de los lugares que han surgido como posible opción para el Gobierno, estima que, al menos desde una primera observación, reúne condiciones favorables por su topografía y conectividad.
“Por lo que he observado, me parece una buena ubicación. Hay terrenos planos y una buena conexión tanto con Chillán como con las comunas del valle del Itata”, comenta.
Hay que pensar en los gendarmes
Una mirada complementaria entrega Daniela Moraga, ingeniera comercial especializada en evaluación social de proyectos públicos, quien durante años participó en iniciativas vinculadas a Gendarmería Ñuble, incluyendo el proyecto carcelario que se postuló (fallidamente) en el sector de San Miguel de Ablemo, en la comuna de San Carlos.
A su juicio, cuando se analiza un proyecto penitenciario, la seguridad debe entenderse desde una perspectiva mucho más amplia que la prevención de fugas.
Explica que el recinto debe garantizar la integridad física de las personas privadas de libertad frente a amenazas como incendios, inundaciones, terremotos o emergencias sanitarias, considerando que, precisamente por su condición, no pueden evacuar con la rapidez que sí tendría cualquier otro edificio.
“La gente cree que cuando se habla de seguridad es solo riesgo de fuga, pero también existe el riesgo de que una persona pierda su dignidad mientras está privada de libertad. El Estado sigue teniendo la obligación de proteger su integridad”, apunta.
Lo anterior implica, entonces, proyectar zonas de seguridad interiores, áreas deportivas, espacios para visitas, atención de salud, educación, recintos religiosos y toda la infraestructura necesaria para el funcionamiento cotidiano de un establecimiento que, en la práctica, opera como una pequeña ciudad.
La ingeniera y docente universitaria añade que el proyecto tampoco puede analizarse únicamente en función de la población penal. Sugiere que “un recinto para 2.500 internos podría requerir cerca de dos mil funcionarios trabajando en distintos turnos, lo que obliga a considerar viviendas, establecimientos educacionales, comercio, servicios y una adecuada conectividad para quienes desempeñarán labores permanentes en el lugar”.
A ello se suman variables económicas que inciden directamente en el costo del proyecto.
Un terreno con pendientes pronunciadas o accesos deficientes puede multiplicar el valor de la urbanización, mientras que la necesidad de construir nuevos enlaces viales o conexiones con rutas estructurantes también incrementa significativamente la inversión.
Desde la evaluación social de proyectos, otro aspecto corresponde al uso del suelo. La especialista recuerda que, si finalmente se opta por adquirir terrenos agrícolas, el Estado también debe ponderar la pérdida de superficie destinada a actividades productivas, un análisis que forma parte de los estudios previos a una iniciativa de esta magnitud.
Con todo, coincide con Claudio Martínez, en que la oferta de terrenos compatibles con un establecimiento penitenciario de estas características sería bastante más reducida de lo que comúnmente se cree.
“La cultura penitenciaria de Ñuble ha estado ligada históricamente a recintos pequeños. Si se considera el tamaño del proyecto que hoy se está evaluando y las exigencias técnicas que debe cumplir, las alternativas territoriales son bastante limitadas”, concluye.
Es un mandato, no una promesa
Es cierto que la promesa de una nueva cárcel ha sido más un eslogan de campañas presidenciales que un proyecto real en la región.
El hábito de pasar el testimonio al Gobierno siguiente fue la norma real.
“Dejamos los recursos. Ahora es tarea del Gobierno entrante buscar un lugar” dijo Felipe Harboe, ministro de Michelle Bachelet, antes del “Piñera 1”. Y cuando se le preguntó por alguna eventual oposición vecinal, respondió que “la tarea de un gobierno es gobernar”.
La promesa suma cerca de 25 años, sin embargo hoy hay diferencias claves.
A la ya explicada aceptación del alcalde Benavente por que la construyan en territorio chillanejo, se suma a las iniciativas del gobernador regional, Óscar Crisóstomo, para conseguir los recursos con el Ministerio de Justicia para iniciar un estudio de prefactibilidad.
Este no debería resultar negativo si se considera que en 2014 ya se hizo uno y resultó favorable.
Pero el impulso mayor llega desde el propio Gobierno.
A mediados de este mes, el Presidente Kast consiguió el respaldo para dar marcha al proyecto del Plan Maestro de Infraestructura Carcelaria, elaborado durante el Gobierno anterior, y que tendrá alcance en diversas regiones, para construir, reparar o remodelar penales.
Fue en ese contexto, que el propio mandatario mencionó a Ñuble como región prioritaria en este plan maestro.
Y, 24 horas después, el delegado presidencial ratificaba que los planes para nuestra región eran en efecto “la construcción de una cárcel regional. Para eso ya estamos agilizando las gestiones para buscar el asentamiento ideal para este proyecto”.
Conforme a lo manifestado por Diego Sepúlveda, el plazo autoimpuesto para decidir -de manera definitiva- el sitio del futuro recinto de reclusión, será el año 2027.
