Las remociones de Luz María Morán del Hospital de Chillán, y de Jorge Carrillo de la Seremi de Salud, marcaron el pasado viernes una jornada que reabrió tensiones políticas e institucionales en la salud pública regional.
Durante meses, el área había concentrado sus esfuerzos en un objetivo que parecía estar por encima de cualquier diferencia política: preparar la puesta en marcha del nuevo Hospital Regional. Sin embargo, esta semana el foco cambió abruptamente.
En cuestión de horas se conocieron dos decisiones que sacudieron al sector: el Ministerio de Salud solicitó la renuncia del seremi Jorge Carrillo, y casi simultáneamente, el Servicio de Salud Ñuble comunicó la salida de la directora del Hospital Clínico Herminda Martín, Luz María Morán.
Miradas por separado, ambas determinaciones podrían interpretarse como ajustes habituales dentro de la administración pública. Observadas en conjunto, sin embargo, revelan algo distinto: una crisis de conducción que terminó dejando expuestas las tensiones existentes entre distintos niveles del aparato estatal. Abrieron, además, una discusión más profunda sobre la gobernabilidad sanitaria de la región.
Porque el problema ya no parece ser quién sale o quién entra. El problema es la señal que reciben los equipos y la ciudadanía cuando las decisiones aparecen contradictorias, descoordinadas y difíciles de explicar.
La situación de Morán es probablemente el mejor ejemplo.
Cuarenta días
La historia comenzó el 30 de abril, cuando se informó que la directora del principal recinto asistencial de Ñuble no continuaría en el cargo al concluir su convenio de Alta Dirección Pública.
La decisión generó inmediatas reacciones políticas y técnicas. El contexto tampoco era cualquiera: el hospital atraviesa la etapa preparatoria más relevante de las últimas décadas, con la futura apertura del nuevo Hospital Regional de Ñuble.
Las críticas llegaron desde distintos sectores y el caso escaló hasta el nivel central.
Finalmente, el Ministerio de Salud revirtió la determinación. El subsecretario de Redes Asistenciales validó la continuidad de Morán y se formalizó su renovación por un nuevo período de tres años a contar del 2 de junio.
Parecía el cierre de una controversia. Pero apenas días después llegó un nuevo vuelco.
El viernes, el Servicio de Salud Ñuble informó que se había solicitado su renuncia no voluntaria. Esta vez no mediante la no renovación de su convenio, sino utilizando otra facultad contemplada para los cargos de Alta Dirección Pública.
La diferencia es jurídica. El impacto político, en cambio, es mucho mayor.
En apenas 40 días, el Estado transitó por tres posiciones distintas respecto de una misma autoridad: removerla, ratificarla y volver a removerla.
La pregunta que sobrevuela el episodio es inevitable. Si existían razones suficientemente graves para justificar su salida, ¿por qué se renovó su convenio por tres años apenas días antes? Y si la renovación respondió a criterios de continuidad y estabilidad, ¿qé cambió en tan breve plazo para justificar una nueva remoción?
En su despedida, Morán transparentó esa contradicción.
“Si bien ésta es una atribución contemplada para los cargos provistos a través de la Alta Dirección Pública, la decisión me sorprende, porque recientemente había sido ratificada para continuar en la dirección del hospital por un nuevo período de tres años”, mencionó.
Más adelante añadió que recibir una nueva solicitud de renuncia “en un plazo tan breve y después de una renovación ya resuelta, es una decisión difícil de comprender desde la continuidad institucional”.
Sus palabras apuntan precisamente al núcleo de la controversia.
La discusión no se concentra en la legalidad de la decisión, sino en la coherencia de las señales emitidas por la autoridad.
El hospital en medio de la tormenta
La controversia adquiere una dimensión mayor porque afecta a la principal institución sanitaria de la región.
La futura apertura del Hospital Regional exige coordinación, liderazgo y estabilidad organizacional. Se trata de un proceso que involucra a miles de funcionarios, migración de servicios clínicos, capacitación de equipos, implementación tecnológica y una compleja logística asistencial.
Por eso las críticas fueron especialmente duras.
El gobernador, Óscar Crisóstomo, sostuvo que “lo que ocurre con el hospital de Chillán ya no es una anomalía administrativa, se transformó en un error sin precedentes”.
Y agregó: “Volver a presionar por la renuncia de la directora no es solo irresponsabilidad, es vergonzoso”.
Sus palabras reflejan una percepción que comenzó a extenderse durante la jornada: que la controversia dejó de ser un asunto interno para transformarse en un problema político de alcance regional.
En sectores oficialistas la evaluación fue incluso más severa. Diversas fuentes describieron la secuencia como un “desastre” desde el punto de vista de la gestión política.
La razón es simple. Resulta difícil transmitir certezas cuando las decisiones cambian en cuestión de días.
La caída del seremi
La salida de Jorge Carrillo tiene una lógica distinta, pero terminó convergiendo en la misma sensación de desorden.
El militante UDI se convirtió en la primera baja del gabinete regional.
Oficialmente, el Ministerio de Salud agradeció su trabajo y nombró como subrogante al jefe del Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria, Gustavo Rojas.
Sin embargo, detrás de la decisión aparecen factores políticos y administrativos.
Entre ellos, dificultades para construir puentes con el nivel central y una gestión que varios describen como excesivamente concentrada en el ámbito fiscalizador.
Carrillo impulsó controles que incomodaron a distintos sectores. También tuvo un rol activo en la fiscalización de la Unidad de Emergencia del Hospital Herminda Martín, cuyos resultados alcanzaron repercusión nacional al exponer deficiencias operativas del recinto.
La situación habría generado molestia en niveles superiores del ministerio.
Paralelamente, distintas versiones sostienen que también habría intervenido para promover la salida de Morán, lo que terminó vinculando ambas historias.
Desde el Gobierno, el delegado presidencial, Diego Sepúlveda, intentó transmitir normalidad.
“Los cambios en los equipos de Gobierno son parte del trabajo normal de una administración”, sostuvo.
Añadió que se trata de decisiones que buscan “asegurar el mejor funcionamiento de las instituciones” y enfatizó que “lo importante es mantener la continuidad de la gestión sanitaria, con orden, responsabilidad y foco en las prioridades de la región”.
Sin embargo, la coincidencia temporal entre ambas salidas terminó debilitando ese mensaje.
Porque más allá de las explicaciones formales, la percepción predominante fue que algo no estaba funcionando correctamente en la coordinación entre los distintos niveles de decisión.
El poder después del viernes
La jornada también dejó consecuencias políticas.
La primera afecta directamente a la UDI.
Con la salida de Carrillo se abre una nueva negociación sobre la titularidad de la Seremi de Salud. Aunque históricamente los partidos buscan conservar los espacios que ya ocupan dentro de la administración, no existe garantía de que aquello ocurra.
Por ello, el liderazgo del senador Gustavo Sanhueza aparece sometido a una prueba relevante.
El parlamentario reaccionó con dureza frente a la remoción.
“La salida de Jorge Carrillo refleja un actuar preocupante porque afecta la continuidad del trabajo que se venía realizando y el funcionamiento de las instituciones de salud”, afirmó.
Además, cuestionó que “estas decisiones se tomen de forma centralizada y sin consultar la opinión de las autoridades locales”.
Detrás de esas declaraciones existe una disputa más profunda: quién tendrá capacidad de influencia en una cartera estratégica para la región.
El diputado Carlos Chandía (RN) también pidió explicaciones.
“Se trata de un área altamente sensible, en la cual se requiere un trabajo permanente y estable por parte de quienes están tomando decisiones que involucran el bienestar de la comunidad”, sostuvo.
Las próximas semanas permitirán medir si las tensiones observadas durante esta crisis logran encauzarse o si terminan profundizándose.
Más que nombres
Quizás la principal paradoja de toda esta historia es que prácticamente todas las decisiones han sido justificadas en nombre de la continuidad institucional.
Primero se argumentó que era necesario cambiar a la directora del hospital.
Luego se sostuvo que era indispensable mantenerla.
Y ahora se vuelve a afirmar que la continuidad de la institución estará asegurada tras su salida.
La contradicción es evidente. Por eso, el verdadero daño no parece estar asociado exclusivamente a las personas involucradas, sino a la confianza en los criterios con que se toman las decisiones.
En una región que enfrenta la apertura de su nuevo hospital, restricciones presupuestarias y crecientes demandas ciudadanas, la estabilidad institucional se ha transformado en un activo tan importante como escaso.
Y ese fue, probablemente, el principal saldo político que dejó el viernes más complejo que ha vivido la salud pública de Ñuble en mucho tiempo.
