En materia de delitos sexuales es fácil partir un relato hablando de causas o ingresos y así restarle todo el peso humano e inhumano que ha generado en cientos de mujeres y niños de la región.
Cada uno de esos “ingresos”, que durante 2025 sumaron 2.419 casos según los registros de la Fiscalía Regional de Ñuble, habla de agresores que fueron amigos, profesores, religiosos, pololos, exparejas, tíos, abuelos y padres.
Por ello, la Fiscalía, la PDI y diversas instituciones de apoyo han intentado tomas de declaraciones menos traumáticas y acompañamiento psicológico para víctimas que enfrentan experiencias de enorme impacto emocional.
Esa es la realidad actual. Un año en que las denuncias por delitos sexuales aumentaron un 6% respecto de 2024 y mantienen a Ñuble entre las regiones más afectadas del país por este tipo de ilícitos. El fiscal Rolando Canahuate, jefe de la Sacfi, informó ante los ministros de la Corte de Apelaciones que “Ñuble es la tercera región con más denuncias por delitos sexuales del país, lo que corresponde a una tasa de 443 denuncias por cada 100 mil habitantes”.
De acuerdo con los antecedentes recopilados por la Fiscalía, la situación resulta especialmente preocupante porque el 77% de las víctimas corresponde a niños y adolescentes, uno de los grupos más vulnerables frente a este tipo de delitos.
La abogada asesora de la Fiscalía Regional de Ñuble, Deisy Salinas, explicó que “durante los últimos años diversas instituciones han impulsado campañas de sensibilización y educación orientadas a promover la detección temprana de situaciones de abuso y facilitar los mecanismos de denuncia”.
Estas acciones han estado dirigidas a “establecimientos educacionales, centros de salud, organizaciones deportivas y comunidades vinculadas a la infancia y adolescencia, además de un trabajo directo con estudiantes para informar sobre sus derechos y las vías disponibles para denunciar”, añadió.
A ello se suman nuevas herramientas implementadas por el Ministerio Público, como los sistemas de denuncia en línea, que han contribuido a reducir barreras de acceso para las víctimas.
Sin embargo, más allá de las cifras, existe un elemento que se repite de manera constante en las investigaciones.
Según la abogada, la mayoría de las agresiones sexuales contra niños y adolescentes “ocurre en contextos familiares o de extrema cercanía con la víctima, involucrando a adultos que ejercen algún grado de cuidado, confianza o autoridad sobre ellos”.
Entre los agresores aparecen familiares directos, padrastros, abuelos, hermanos mayores, profesores, entrenadores deportivos y otras figuras significativas del entorno cotidiano de los menores.
Precisamente esa cercanía constituye uno de los principales obstáculos para la detección y denuncia de estos delitos, ya que las víctimas suelen enfrentar situaciones de dependencia emocional, temor o dificultades para comprender la naturaleza de los hechos que están viviendo.
Cifra negra del 30%
De acuerdo con las investigaciones desarrolladas por la PDI, Carabineros y la Fiscalía, este tipo de delitos históricamente presenta elevados niveles de subregistro.
“Sinceramente, creemos que esa cifra negra está por sobre el 30%, y lo más probable es que quede corta”, afirmó Deisy Salinas.
La profesional admite que no es posible establecer con certeza si actualmente “se están cometiendo más delitos o si existe una mayor disposición de las víctimas y sus entornos a denunciarlos. Nosotros esperamos que sea lo segundo”, sostuvo.
Desde el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia coinciden en que se trata de una problemática compleja que no puede atribuirse a una sola causa.
El director regional subrogante, Daniel Muñoz, precisó que los delitos sexuales contra menores generan profundas consecuencias para las víctimas, sus familias y la comunidad.
“Estamos hablando de delitos gravísimos que vulneran la indemnidad sexual de niños y adolescentes y afectan profundamente sus trayectorias de vida”, sostuvo.
Para la oficina, entre los principales desafíos de Ñuble se encuentran la ruralidad, la dispersión territorial y las dificultades de acceso que enfrentan muchas familias, factores que pueden dificultar la detección oportuna de situaciones de vulneración.
A ello se suman “el temor a denunciar, la vergüenza, la dependencia económica o emocional respecto de los agresores y la normalización de ciertas formas de violencia en algunos entornos familiares”, detalló.
En paralelo, el Servicio de Protección informó que desde 2021 la región pasó de contar con cinco programas especializados de reparación en maltrato grave y abuso sexual a 14 iniciativas de este tipo, ampliando su cobertura territorial y reduciendo los tiempos de espera para acceder a atención especializada.
