La decisión de la Tesorería General de la República (TGR) de embargar bienes y retener fondos de cuentas bancarias a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha generado una creciente controversia, luego de que numerosos afectados denunciaran la aplicación de la medida incluso en casos de personas con ingresos muy inferiores al umbral de cinco millones de pesos mensuales que el Gobierno había señalado inicialmente como referencia para las acciones de cobro.
En los últimos días, diversos testimonios han dado cuenta de retenciones de dinero y embargos de cuentas bancarias que han afectado a trabajadores, profesionales e incluso personas cesantes que mantienen deudas asociadas al financiamiento de estudios superiores.
El abogado Eduardo Lara, del estudio jurídico Alfaro y Madariaga, cuestionó el procedimiento adoptado por la Tesorería. Según explicó, el organismo estaría aplicando mecanismos propios de la cobranza tributaria para perseguir una deuda que no tiene esa naturaleza. “La Tesorería consideró esta deuda de CAE como una deuda tributaria y, por tanto, no aplicó las normas que normalmente se utilizan para cobrar una deuda, sino las que se usan para cobrar impuestos”, señaló.
El jurista calificó la actuación como “desproporcionada” y sostuvo que los embargos han alcanzado a personas que no cumplen con los criterios inicialmente anunciados por el Ejecutivo. “Nos encontramos con embargos de personas que ganan un millón de pesos, personas cesantes y otras que no tienen relación con el filtro de los cinco millones de pesos”, afirmó.
Presidente Kast respaldó los cobros
Pese a las críticas, el Presidente José Antonio Kast respaldó públicamente la medida durante una actividad realizada en Tocopilla, en la Región de Antofagasta. El Mandatario sostuvo que previamente se entregaron oportunidades para regularizar las deudas y apeló a la responsabilidad individual de los morosos.
“Una cosa es el mensaje que pueda mandar alguien desde la política, pero cada uno es responsable de sus propios actos”, manifestó, agregando que es necesario revisar si las personas afectadas buscaron alternativas para renegociar o regularizar sus obligaciones ante la Tesorería.
