La decisión del Presidente José Antonio Kast de entregar a Claudio Alvarado la conducción simultánea de los ministerios del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) está generando efectos que van más allá de los cambios administrativos ocurridos en La Moneda.
Aunque la fusión institucional entre ambas carteras aún requiere de una ley, el Gobierno ya comenzó a operar bajo una lógica unificada, una señal que también alcanza a las regiones, y que en Ñuble empieza a abrir interrogantes sobre el futuro de la coordinación política y comunicacional del Ejecutivo.
El anuncio realizado por Kast durante su Cuenta Pública sobre el envío de un proyecto para fusionar distintos ministerios fue interpretado como parte de una estrategia de modernización estatal. Sin embargo, en el caso de Interior y Segegob, la transformación ya se encuentra en marcha.
La llegada de Alvarado a la vocería de Gobierno consolidó una estructura en la que la coordinación política, la gestión territorial y la estrategia comunicacional responden a una misma autoridad. Según antecedentes conocidos en el nivel central, la determinación apunta a evitar duplicidades y a fortalecer la coherencia entre las decisiones gubernamentales y los mensajes que se transmiten a la ciudadanía.
La nueva modalidad ya provocó cambios visibles en Santiago. Las tradicionales vocerías de los lunes dejaron de realizarse de forma permanente, las coordinaciones ministeriales se intensificaron y la relación entre las distintas carteras quedó más estrechamente vinculada a la conducción política de Interior. Todo ello ocurre mientras el Ejecutivo prepara la iniciativa legal que formalizaría la unión de ambas reparticiones.
Una señal que también llega a las regiones
Aunque la reorganización se ha desarrollado principalmente en el nivel central, sus alcances inevitablemente repercuten en las regiones, donde Interior y Segegob cumplen funciones complementarias.
Las delegaciones presidenciales representan al Gobierno en el territorio y coordinan la acción de los distintos servicios públicos, mientras que las seremías de Gobierno ejercen labores de vocería, participación ciudadana y difusión de las políticas públicas.
Para el delegado presidencial regional de Ñuble, Diego Sepúlveda, el proceso ya está mostrando resultados en materia de coordinación.
“Lo que ha planteado el Presidente José Antonio Kast apunta a modernizar el Estado, hacerlo más eficiente y evitar duplicidades. En la práctica, ya hemos visto una mayor coordinación política y comunicacional entre Interior y Segegob, lo que permite ordenar mejor el trabajo y actuar con mayor claridad”, sostuvo.
La autoridad agregó que, en caso de aprobarse la reforma legal, corresponderá definir la forma en que esa nueva institucionalidad se implementará en las regiones.
“Lo importante es que el objetivo es avanzar hacia una estructura más simple, coordinada y eficiente. Desde la Delegación Presidencial vamos a seguir cumpliendo nuestro rol de representación y coordinación del Gobierno en Ñuble, con foco en respuestas concretas para las familias de la región”, afirmó.
Las declaraciones reflejan uno de los principales desafíos del proceso. Mientras la integración operativa avanza en Santiago, todavía no existe claridad respecto de cómo podrían reorganizarse las funciones que actualmente desempeñan las estructuras regionales de ambos ministerios.
El rol territorial de la Segegob
La discusión adquiere especial relevancia en regiones debido a que la Segegob desarrolla tareas que exceden el ámbito estrictamente comunicacional.
El seremi de Gobierno, Marco Muñoz, destacó que cualquier cambio institucional debe considerar las funciones que la cartera cumple en materia de participación ciudadana y vinculación con organizaciones sociales.
“Hoy existe una discusión que se está desarrollando a nivel central respecto de cómo seguir modernizando el Estado y fortaleciendo la función pública, siempre con el objetivo de entregar mejores respuestas a la ciudadanía y hacer un uso más eficiente de los recursos fiscales”, señaló.
Muñoz recordó que la labor ministerial incluye la comunicación de las políticas públicas, el apoyo a organizaciones de la sociedad civil y la coordinación comunicacional de los servicios públicos presentes en el territorio.
“En regiones, además, somos una puerta de entrada para que las inquietudes, necesidades y propuestas de la ciudadanía lleguen a las autoridades y se incorporen en la toma de decisiones”, expresó.
Por ello, agregó que cualquier definición futura deberá resguardar la cercanía con la comunidad y la capacidad de respuesta territorial.
