La decisión del Concejo Municipal de Chillán de rechazar la adjudicación del nuevo contrato de recolección de residuos domiciliarios constituye una señal de alerta. Más allá de las legítimas diferencias que puedan existir respecto de la evaluación técnica de las ofertas o de la interpretación de las bases, lo ocurrido vuelve a instalar una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿están los grandes procesos licitatorios del municipio desarrollándose con el nivel de transparencia, rigor y certeza que la ciudadanía exige?
No se trata de cualquier contrato. Estamos hablando de uno de los servicios más sensibles para la comunidad y, al mismo tiempo, de una de las licitaciones de mayor cuantía económica del municipio, con un costo superior a los $400 millones mensuales y una proyección de seis años. Precisamente por ello, cualquier duda respecto del cumplimiento de las bases, la igualdad de trato entre los oferentes o la capacidad técnica y financiera de las empresas participantes debe ser despejada de manera oportuna y contundente.
Los argumentos expuestos por los concejales que votaron en contra de la adjudicación apuntan a observaciones relevantes: cuestionamientos sobre la admisibilidad de antecedentes, reparos respecto de la experiencia acreditada por el oferente y advertencias sobre eventuales riesgos de impugnación. A ello se suman las denuncias formuladas por empresas participantes y organizaciones de trabajadores, que plantearon dudas sobre la transparencia del proceso.
Más allá de si tales observaciones terminan o no siendo confirmadas, el hecho de que un proceso de esta magnitud concluya sin la confianza suficiente para obtener la aprobación del concejo refleja una debilidad que debe ser corregida. La administración municipal sostiene que actuó conforme a la normativa vigente y con la debida supervisión de los organismos competentes. Sin embargo, cuando persisten cuestionamientos, la legalidad por sí sola no basta; también es indispensable asegurar legitimidad, confianza y absoluta claridad en cada etapa del procedimiento.
La situación adquiere mayor relevancia cuando se observa el historial de contrataciones complejas en el municipio, de esta y anteriores administraciones. La controversia por la mantención de áreas verdes derivó en un conflicto judicial millonario que aún sigue su curso, mientras persisten cuestionamientos respecto de cómo se gestionó la relación contractual y la defensa de los intereses municipales.
Algo similar ocurrió con el largo y accidentado proceso de renovación del alumbrado público con luces led, cuya historia estuvo marcada por licitaciones fallidas, investigaciones y años de retraso antes de alcanzar una solución definitiva.
La reiteración de episodios complejos en contratos estratégicos no puede ser vista como una simple coincidencia. Obliga a fortalecer los mecanismos de planificación, control interno, fiscalización y participación temprana. Licitaciones de esta magnitud requieren bases sólidas, cronogramas adecuados, criterios objetivos y una comunicación fluida entre las distintas unidades municipales y los organismos fiscalizadores.
La comunidad espera que los recursos públicos se administren con la máxima responsabilidad. Cuando están en juego cientos o miles de millones de pesos, la transparencia no puede ser un requisito formal ni una explicación posterior. Debe ser la base sobre la cual se construya todo el proceso.