Después de una maratónica sesión que terminó pasadas las cinco de la madrugada, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó la denominada “megarreforma” del gobierno de José Antonio Kast, una iniciativa que mezcla medidas tributarias, incentivos a la inversión y normas vinculadas al plan de reconstrucción nacional.
Más allá de su avance legislativo, el proyecto abrió un nuevo foco de tensión política: la oposición y parte del oficialismo cuestionaron la velocidad de una tramitación que, a juicio de varios parlamentarios, impide un análisis profundo de sus efectos.
La iniciativa llegó a concentrar más de 1.600 indicaciones parlamentarias, aunque gran parte de ellas fueron declaradas inadmisibles por corresponder a materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. El resultado fue un texto que mantuvo prácticamente intacto el diseño original del gobierno, incluyendo la reducción gradual del impuesto de primera categoría (a las empresas) desde 27% a 23%, la reintegración del sistema tributario y la invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones.
El Ejecutivo logró, así, preservar el núcleo de una reforma concebida como señal de reactivación económica y atracción de capitales.
“Muy poco tiempo de debate”
Sin embargo, el apuro por avanzar dejó críticas transversales respecto del método utilizado.
Desde Ñuble, el diputado socialista, Francisco Crisóstomo, apuntó directamente a la rapidez del debate. Afirmó que la reforma se está tramitando “con muy poco tiempo de debate”, lo que dificulta un análisis “profundo y responsable” de sus implicancias. El parlamentario advirtió, además, que este tipo de discusión acelerada genera incertidumbre para la inversión y cuestionó que paralelamente se impulsen beneficios tributarios para grandes grupos económicos.
Crisóstomo también puso el foco en los efectos territoriales de algunas medidas, especialmente en regiones como Ñuble. A su juicio, existe preocupación por un eventual debilitamiento del Fondo Común Municipal, lo que podría traducirse en menos recursos para obras locales y ayudas sociales administradas por los municipios.
Aunque desde Chile Vamos existe respaldo al espíritu general de la iniciativa, también emergieron matices. El diputado RN, Carlos Chandía, sostuvo que apoya el objetivo de reactivación económica, pero reconoció diferencias con algunos puntos específicos. Entre ellos, mencionó la exención de contribuciones para adultos mayores de 65 años, advirtiendo que podría afectar el financiamiento municipal si no existe una adecuada focalización.
Chandía también resaltó que su bancada ayudara a frenar la eliminación de la franquicia tributaria Sence, uno de los artículos finalmente rechazados por la comisión. La propuesta había generado resistencia incluso entre parlamentarios oficialistas y de oposición, quienes coincidieron en que eliminar el beneficio podría perjudicar la capacitación laboral y a las pymes.
“Chile no puede seguir esperando”
Desde la UDI, en cambio, el diputado Cristóbal Martínez defendió el avance acelerado del proyecto y afirmó que “Chile no puede seguir esperando”. El parlamentario destacó que el grueso de la reforma se aprobara sin mayores cambios y sostuvo que, si bien existen aspectos perfectibles, estos podrían revisarse posteriormente en el Senado sin alterar el cronograma legislativo.
Una posición más intermedia expresó el diputado independiente-DC Felipe Camaño. Aunque respaldó el fortalecimiento del Fondo Transitorio para la Reconstrucción, especialmente para Ñuble y Biobío, sostuvo que el debate ha perdido foco producto de la falta de disposición al diálogo entre oficialismo y oposición. “Chile no necesita más peleas”, afirmó, llamando a recuperar acuerdos en materias prioritarias para la ciudadanía.
