Considerar como un agravante de responsabilidad penal cometer delitos en contra de personas que integran la comunidad educativa es el objetivo del proyecto aprobado por la Sala y emitido al Senado a su segundo trámite legislativo. El texto impulsado por el gobierno es complementario a la iniciativa de Escuelas Protegidas, que modifica diversos cuerpos legales, orientada a erradicar la violencia en contextos escolares.
La norma obtuvo 104 votos a favor, 16 en contra y 22 abstenciones, en su votación general. Posteriormente, se respaldó con 81 votos a favor, 49 en contra y 12 abstenciones el numeral 1 del proyecto.
Este numeral dispone que:
- La agravante penal se aplicará a delitos cometidos contra personas de la comunidad educativa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones o participación en dicho ámbito, al interior de establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel
- Ya sea en sus dependencias, inmediaciones o lugares a los que acudan a realizar actividades educativas, incluido el transporte escolar
- Se precisa que los integrantes de la comunidad educativa son los alumnos, padres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, equipos docentes directivos y los sostenedores.
- Se añade a este catalogo de agravantes cometer un delito contra la propiedad, en que se haya empleado violencia, intimidación o fuerza en las cosas, o cometer el delito de daños o incendio, en el interior o dependencias de un establecimiento o institución educacional.
Igualmente, el proyecto aprobado dispone una sanción agravada -en un grado- a los delitos de lesiones, amenazas, maltrato de obra o agresiones físicas, en contra de profesionales o funcionarios de los establecimientos educacionales, si estas las realizan los padres, apoderados, tutores o quienes tengan el cuidado personal de los estudiantes.
