La decisión de la Municipalidad de Chillán de destituir a la funcionaria involucrada en el denominado “caso cero” de licencias médicas, junto con sancionar a quienes facilitaron o toleraron esta conducta, constituye una señal correcta y necesaria. Se trata de una falta grave —viajar al extranjero mientras se debía cumplir reposo médico—, y además el caso se convirtió en el punto de partida de una investigación de alcance nacional que puso en entredicho la probidad en el aparato público.
El uso indebido de licencias médicas implica una vulneración ética que erosiona la confianza ciudadana, afecta la fe pública y tensiona aún más la ya frágil legitimidad de las instituciones. La destitución aparece como una sanción proporcional, especialmente considerando la reiteración de la conducta y el agravante de haber solicitado una nueva licencia desde el extranjero.
Asimismo, que el municipio haya extendido las responsabilidades, aplicando sanciones a otros funcionarios, incluyendo al profesional médico involucrado, era esperable. La probidad no puede ser entendida como un deber individual aislado, sino como un principio que debe permear toda la cadena de decisiones dentro del aparato público. Cuando existen redes de complicidad, omisiones o negligencias, la sanción también debe ser sistémica.
Sin embargo, este avance no puede analizarse sin considerar el factor tiempo. Han transcurrido 10 meses desde que el caso salió a la luz, un periodo excesivo para una situación que requería respuestas oportunas y categóricas. Si bien el respeto al debido proceso es fundamental, la demora en la aplicación de sanciones debilita el efecto ejemplificador que estas deben tener y alimenta la percepción de impunidad o, al menos, de lentitud institucional frente a faltas graves.
Más aún, este no es un caso aislado. Existen otros sumarios en curso que aún esperan resolución, en un escenario donde la ciudadanía demanda señales claras y consistentes. No basta con cerrar un caso emblemático si los demás permanecen en la incertidumbre. La igualdad ante la ley —y ante los reglamentos administrativos— exige que situaciones similares tengan consecuencias similares, sin dilaciones injustificadas.
El desafío para la Municipalidad de Chillán es doble. Por un lado, consolidar esta señal de probidad como una política sostenida en el tiempo, donde las faltas sean investigadas y sancionadas con rigor. Por otro, acelerar los procesos pendientes, garantizando que no existan espacios para redes de protección ni discrecionalidades que puedan poner en duda la independencia de las decisiones.
La confianza pública no se recupera con declaraciones, sino con hechos concretos, oportunos y coherentes. La destitución en el “caso cero” es un paso en la dirección correcta, pero aún insuficiente si no se transforma en un estándar. La ciudadanía de Chillán —y del país— no solo espera sanciones, sino también certezas: que nadie está por sobre la ley y que el servicio público se rige, sin excepciones, por el principio de probidad.
