El último informe anual del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual expone un cambio de clima social que Chile no puede ignorar. El aumento de un 27,1% en los casos y denuncias por homo y transfobia durante 2025 —superando los 3.600 registros— marca un retroceso preocupante en un ámbito que, hasta hace pocos años, avanzaba con relativo consenso: el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+ como parte indivisible de los derechos humanos.
La realidad adquiere especial relevancia cuando se observa desde las regiones. Ñuble, con el 1,83% de los casos a nivel nacional, podría parecer marginal en términos absolutos. Sin embargo, el aumento interanual de 16,66% revela una tendencia inquietante: la discriminación no solo crece, sino que se expande territorialmente hacia zonas donde el debate público es más débil y las redes de apoyo son más escasas. En contextos como el regional, más pequeño y con mayor cercanía social, cada acto de discriminación tiene un impacto más profundo y duradero.
El informe advierte, además, un fenómeno que no puede pasar inadvertido: el desplazamiento del odio hacia espacios cotidianos —familias, barrios, escuelas— y hacia el mundo digital, donde la impunidad facilita la propagación de discursos violentos. No se trata únicamente de cifras; se trata de entornos que deberían proteger y que, en cambio, muchas veces excluyen.
Particularmente alarmante es la focalización de la discriminación en la población trans, que concentra cerca del 40% de los casos. Detrás de ese número hay historias de vulnerabilidad agravada, especialmente en niños, niñas y adolescentes, cuyos procesos de desarrollo requieren precisamente de acompañamiento, respeto y seguridad.
Quizás el punto más crítico del diagnóstico es el quiebre del consenso político y social que había permitido avanzar. La reaparición de la discusión en clave ideológica, como si la dignidad de las personas fuese materia de trincheras, no solo empobrece el debate, sino que también abre espacio a retrocesos concretos. Convertir los derechos en banderas partidarias es, en sí mismo, una forma de debilitarlos.
Desde Ñuble, este escenario interpela con fuerza. La inclusión real no se construye desde discursos grandilocuentes ni desde la confrontación, sino desde prácticas cotidianas: en la escuela que acoge, en el trabajo que respeta, en el servicio público que no discrimina. También exige responsabilidad institucional, con políticas coherentes y sostenidas que garanticen igualdad de trato más allá de los vaivenes políticos.
Tomar conciencia es el primer paso. El segundo, más desafiante, es actuar sin prejuicios ni cálculos. Porque la igualdad de derechos no admite matices ni condiciones: es un principio básico de convivencia democrática. Y en ello, más que diferencias, debiera existir un acuerdo esencial.