Con optimismo fue recibida a nivel local la instrucción del gobierno de destrabar 51 proyectos de inversión que tienen su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, pero con recursos administrativos pendientes en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), lo que ha impedido su materialización.
En su primer día de mandato, el presidente José Antonio Kast tomó su primera medida anti “permisología”, en que estableció un plazo máximo de 90 días hábiles desde la recepción del oficio para la resolución de recursos vencidos ante la Dirección Ejecutiva del SEA y de 60 días hábiles para los casos que están en el Comité de Ministros. Además, se fijó un plazo máximo de 30 días hábiles para los nuevos recursos que se presenten ante el SEA.
Se trata de iniciativas por un total de US$16 mil millones, una de las cuales se emplazará en Ñuble. Se trata del parque eólico Los Coihues, en El Carmen, de Hy2Wind SpA, con una inversión de US$470 millones.
Los Coihues fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Ñuble en agosto de 2025, sin embargo, entre octubre y diciembre del año pasado, juntas de vecinos y particulares interpusieron tres recursos de reclamación y un recurso de invalidación ante el SEA, uno de los cuales no fue admitido, mientras que el resto se encuentra pendiente.
Los Coihues consiste en la construcción y operación de 47 aerogeneradores y una línea de alta tensión de 30,8 kilómetros hasta la subestación Entre Ríos, en Pemuco. Será el segundo parque eólico más grande de la región.
Línea Itahue-Hualqui
Alejandro Lama, presidente de la Cámara de Comercio de Chillán, valoró la medida, “ya que existen proyectos que se tramitan por largo tiempo y luego de obtener su aprobación ambiental se enfrentan a nuevos retrasos debido a recursos administrativos. Nos interesa que se reduzcan los tiempos de evaluación sin que ello signifique dejar de cumplir con la ley, en ese sentido, es clave que existan más certezas en los plazos de tramitación para los proyectos de inversión”.
El dirigente gremial planteó, además, que urge destrabar también el proyecto de línea de transmisión Itahue-Hualqui, que fue aprobado por el Comité de Ministros en junio de 2025, luego de ser rechazado por el SEA en abril de 2024, pero hoy está judicializado, ya que en diciembre de 2025 vecinos y organizaciones sociales presentaron tres recursos ante el Segundo Tribunal Ambiental.
La iniciativa, de la española Celeo Redes, a través de Mataquito Transmisora de Energía, contempla una línea de 407 kilómetros entre el Maule y Biobío, que cruzará por la Provincia de Itata.
Con una inversión de US$324 millones, es el segundo mayor proyecto de transmisión eléctrica en el país, que debió enfrentar una difícil tramitación ambiental desde su ingreso al SEA en agosto de 2020.
En Ñuble, la línea cruzará por Coelemu, Trehuaco, Cobquecura y Quirihue, donde se generará una bajada local a través de una futura subestación en Quirihue, lo que dará factibilidad de conexión para proyectos de generación de gran envergadura, como los parques eólicos, y permitirá robustecer la red en la Provincia de Itata.
“Es una línea muy importante para la Provincia de Itata, por lo que sería una muy buena noticia que el Presidente considere destrabar este tema también”, expresó Lama.
Agilización de permisos
Ricardo Salman, presidente de CorÑuble, manifestó que “nuestra región no tiene una gran cartera de proyectos como ocurre en otras zonas del país. Mientras el debate nacional se concentra en los 51 proyectos que el gobierno busca priorizar, la realidad regional es distinta: en Ñuble cada proyecto de inversión cuenta. En regiones mineras, una sola iniciativa puede representar miles de millones de dólares y compensar la ausencia de otras, en cambio, en Ñuble, el dinamismo económico depende de una suma de proyectos medianos o incluso pequeños, en áreas como energía, inmobiliario, agroindustria o infraestructura habilitante”.
“Por lo mismo -continuó Salman-, nuestra tarea como región debe ser monitorear y acompañar activamente todos los proyectos que están en evaluación ambiental, porque cada uno de ellos representa oportunidades de empleo, encadenamientos productivos y desarrollo local”.
El timonel de CorÑuble sostuvo que, “además, la situación revela una vulnerabilidad estructural de nuestra región: dependemos de pocos sectores de inversión. Cuando energía, inmobiliario o infraestructura se ralentizan, no tenemos la diversificación productiva que permita compensar esa caída. Por eso es tan importante generar condiciones de mayor certeza y agilidad en los procesos de evaluación ambiental y permisos sectoriales”.
“Más que esperar megaproyectos, debemos asegurar que los proyectos que sí existen puedan avanzar con claridad, certeza jurídica y plazos razonables, porque en regiones emergentes como la nuestra el crecimiento depende de la acumulación de múltiples iniciativas”, cerró el expresidente de la CChC Ñuble.
