Un aumento sostenido en las denuncias contra establecimientos educacionales de la región de Ñuble durante los últimos cuatro años reveló un nuevo informe de la Superintendencia de Educación.
Entre 2022 y 2025, el organismo fiscalizador acumuló un total de 1.603 reclamos asociados a materias de admisión, infraestructura, mobiliario, gestión y convivencia escolar, registrándose un incremento regional acumulado de 27,49%, al pasar de 342 denuncias en 2022, a 396 en 2023, 429 en 2024 y 436 en 2025.
Del total de casos, la convivencia escolar concentra el mayor porcentaje de denuncias en Ñuble y en el país, con más del 70% del total. En ese ámbito, los ingresos anuales evidencian una tendencia al alza, con 263 casos en 2022, 312 en 2023, 323 en 2024 y 346 en 2025, lo que representa un aumento de 31,6% en cuatro años.
El desglose de esa categoría muestra que el maltrato a estudiantes o párvulos continúa siendo la principal causa de reclamo. Entre 2022, 2023 y 2024, estos casos aumentaron progresivamente de 152, 184 y 193, aunque en 2025 se observó un descenso, a 170 denuncias. En tanto, los reclamos por maltrato a miembros adultos de la comunidad educativa se han mantenido estables, pasando de 15 casos en 2022 a 16 en 2025.
Si bien no constituyen la mayoría de los ingresos, las denuncias por discriminación casi se triplicaron, mostrando un crecimiento ascendente en la región: 28, 45, 52 y 74 ingresos en los últimos cuatro años respectivamente.
Respecto a la dependencia administrativa, los establecimientos particulares subvencionados concentran más del 50% de las denuncias a lo largo del periodo analizado. Les siguen los municipales, que representan cerca del 30% —muchos de ellos actualmente bajo administración de los Servicios Locales de Educación Pública—, la educación parvularia y, en menor medida, los particulares pagados y de administración delegada.
Consultada por las causas de este aumento, la superintendenta de Educación, Loreto Orellana, explicó que el fenómeno responde tanto a un incremento de las problemáticas en el sistema como a una ciudadanía más informada y empoderada.
“Entre 2022 y 2025 hemos recibido un aumento sostenido en las denuncias ciudadanas en todos los niveles de la educación, desde salas cuna y jardines infantiles hasta establecimientos escolares. Este crecimiento no refleja solo más conflictos, sino también una ciudadanía que reconoce sus derechos y confía en los mecanismos institucionales para protegerlos. La educación es un espacio vital de la vida social, y la comunidad está entendiendo que allí también se deben resguardar los derechos con la misma fuerza que en cualquier otro ámbito”, explicó.
La autoridad agregó que, a nivel nacional, las denuncias de toda índole en el sistema educacional crecieron 18,6% en 2025 respecto al año anterior, mientras que en Ñuble el alza fue de solo 1,63% en comparación a 2024, la más baja del país junto con Biobío. Aunque, de acuerdo a las cifras de los últimos cuatro años, muestran una trayectoria ascendente año a año.
“Esta diferencia refleja el buen trabajo de contención y acompañamiento que han realizado los establecimientos de la región, cuidando la convivencia y el bienestar de sus comunidades escolares”, indicó.
En cuanto a temáticas, el maltrato a párvulos y estudiantes sigue siendo la categoría más frecuente. Sin embargo, su participación solo disminuyó entre 2024 y 2025, aunque sigue alto respecto a 2022 en Ñuble. Este descenso refleja una progresión hacia la heterogeneidad de las problemáticas reportadas.
“El maltrato sigue siendo la categoría más frecuente, pero su peso relativo ha disminuido en los últimos años en todo el país. Esto significa que las denuncias se están diversificando hacia otras problemáticas, como discriminación, medidas disciplinarias, participación y maltrato a adultos de la comunidad educativa. Este cambio refleja una sensibilidad creciente frente a distintas formas de vulneración, tanto en la educación parvularia como en la escolar. La ciudadanía está aprendiendo a reconocer que la convivencia educativa abarca múltiples dimensiones y que todas ellas merecen atención y respuesta”, sostuvo.
En relación con el aumento de denuncias por discriminación, Orellana sostuvo que este comportamiento da cuenta de una mayor conciencia social. “Este dato nos muestra que las comunidades están más conscientes de la importancia de ambientes seguros, inclusivos y respetuosos desde la primera infancia. El marco normativo vigente, especialmente en materia de discriminación y necesidades educativas especiales, ha permitido visibilizar situaciones que antes podían pasar inadvertidas. Hoy, las familias saben que cuentan con herramientas para proteger a sus hijos y que la Superintendencia está disponible para acompañarlas en ese proceso”, afirmó.
A la luz de la estadística surgen dudas respecto a la capacidad que tienen los establecimientos educacionales para resolver sus problemáticas, ya que los casos que debieran ser abordados en los recintos con la aplicación de protocolos, terminan en la Supereduc, que es encargada de fiscalizar el cumplimiento de la normativa. Consultada al respecto, Loreto Orellana explicó que la Supereduc ha tenido que entregar orientaciones para la resolución de problemas, más allá de subsanar faltas o aplicar sanciones.
“La Superintendencia de Educación no solo sanciona: también acompaña y orienta. Con iniciativas como la Gestión Colaborativa de Conflictos, buscamos que las comunidades educativas —desde jardines infantiles hasta liceos— comprendan que la mediación y la conciliación son herramientas preventivas y constructivas. Nuestro propósito es que cada estudiante, desde su primera infancia, viva su trayectoria educativa en ambientes seguros, inclusivos y respetuosos. Queremos que las familias y los equipos educativos confíen en que estamos presentes para dar respuestas claras y oportunas, siempre con el bienestar de los estudiantes como prioridad”, destacó.
Protocolos obsoletos o deficientes
En este contexto, el SLEP Valle DiguillÍn, que administra unidades educativas de Chillán, Chillán Viejo, Bulnes, San Ignacio, Pemuco y Yungay, se encuentra en un proceso de revisión y actualización de los procedimientos normativos y de protocolos respecto a la convivencia escolar, esto luego de un diagnóstico levantado por los profesionales del servicio.
Al analizar, se han detectado, en algunos, que no están vigentes en virtud de la normativa o su formulación es deficiente.
El SLEP detectó que de los 131 establecimientos (escuelas, jardines y liceos), 125 cuentan con sus reglamentos internos cargados en línea, y de ellos 75 presentan actualización normativa vigente al año 2025. Sin embargo, persisten amplias brechas de heterogeneidad en la calidad y contenido de dichos documentos.
“En términos nacionales, existe además, el desafío transversal de actualizar los reglamentos internos conforme a lo establecido en las Circulares 781 y 782, De la Superintendencia de Educación, incorporando además, las nuevas orientaciones relativas a la prohibición y regulación del uso de dispositivos móviles en contextos educativos”, explicó el director del SLEP Valle Diguillín, Claudio Guíñez.
Para adecuar los procedimientos frente a conflictos en sus recintos a cargo y mejorar el clima escolar, la Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico del SLEP ha elaborado un documento normativo tipo, la actualización de los reglamentos internos incluyendo los protocolos mínimos exigibles, modelos de Planes de Gestión de la Convivencia y una pauta de autoevaluación normativa que permite a cada establecimiento revisar de manera autónoma el cumplimiento de los contenidos obligatorios.
“Todos estos esfuerzos buscan homogeneizar los estándares mínimos, promover un lenguaje común centrado en el enfoque de derechos, reduciendo además la carga laboral que implica la actualización normativa en un contexto donde los cambios legales y pedagógicos han sido significativos. Es importante destacar que el SLEP Valle Diguillín cuenta con un equipo multiprofesional experimentado en Convivencia Educativa y con profundo conocimiento territorial, constituyéndose en un recurso estratégico para fortalecer el trabajo con las comunidades educativas”, destacó la autoridad.
El servicio cuenta con un plazo máximo al 30 de junio para la actualización de los reglamentos internos. No obstante, las regulaciones sobre el uso y prohibición de dispositivos móviles entran en vigor desde el inicio del año escolar, razón por la cual ha puesto a disposición formatos de regulación tipo que facilitan la implementación inmediata en los establecimientos.
Asesoría SLEP
Además, es pertinente poner en valor el modelo de acompañamiento desarrollado por la UATP del SLEP Valle Diguillín, cuyo propósito central es asesorar a las comunidades educativas en materias técnicas y pedagógicas.
“Propone fortalecer en los establecimientos un conjunto de capacidades basales indispensables para la mejora institucional sostenida: la confianza relacional, la reflexión pedagógica, el liderazgo distributivo y la colaboración profesional. Dichas capacidades constituyen los cimientos para que cada comunidad educativa pueda avanzar en procesos de gestión interna más participativos, coherentes y orientados al bienestar integral de los estudiantes”, valoró.
En este sentido, se plantea que el desarrollo progresivo de capacidades se configura como el principal recurso estratégico de fortalecimiento de la “Nueva Educación Pública”, permitiendo que las mejoras no dependan exclusivamente de intervenciones externas, sino que se instalen como prácticas permanentes dentro de los propios establecimientos.
