En condiciones de ser discutida y votada por la Sala del Senado quedó la reforma constitucional que busca consagrar el derecho a la ciudad, iniciativa que modifica el artículo 19 de la Carta Fundamental, incorporando esta garantía dentro del catálogo de derechos fundamentales.
El proyecto fue aprobado en general y en particular por la Comisión de Constitución, quedando listo para su tramitación final en la Cámara Alta una vez concluido el receso parlamentario.
La propuesta se originó en una moción transversal presentada por los senadores Alfonso De Urresti, José Durana y Ricardo Lagos Weber, junto a las senadoras Claudia Pascual y Paulina Núñez. El texto reconoce el derecho de todas las personas a habitar y desarrollarse en ciudades que aseguren condiciones básicas de seguridad, orden, accesibilidad y acceso equitativo a servicios y espacios públicos.
Asimismo, la iniciativa establece que el Estado fomentará, tanto en áreas urbanas como rurales, el acceso gradual y responsable a servicios básicos, bienes públicos, conectividad y sistemas de movilidad seguros y sustentables, mediante instrumentos de planificación y gestión territorial.
Durante el debate legislativo se enfatizó que la norma deberá considerar de manera especial las realidades de territorios alejados de los grandes centros urbanos, evitando que el reconocimiento constitucional quede circunscrito solo a las principales ciudades.
Visión de los nuevos diputados
En la antesala del debate que se dará este año en la Cámara, los diputados electos por Ñuble que asumirán el 11 de marzo adelantaron su postura frente al proyecto.
El parlamentario electo Carlos Chandía (RN) resaltó el avance de la iniciativa, aunque planteó que la discusión deberá incorporar con mayor claridad la realidad de las comunas rurales.
“Es fundamental que esta reforma no quede pensada únicamente para las grandes urbes, sino que considere las brechas en conectividad, infraestructura vial y acceso a servicios básicos que aún enfrentan muchas localidades de nuestra región”, mencionó.
Por su parte, el diputado electo Francisco Crisóstomo (PS) destacó que el reconocimiento del derecho a la ciudad puede contribuir a un desarrollo territorial más equilibrado. A su juicio, la reforma permitirá avanzar hacia políticas públicas que fortalezcan la planificación urbana y la inversión en comunas intermedias, favoreciendo una distribución más equitativa de oportunidades y servicios en el territorio.
El proyecto, que deberá ser visado por la Sala del Senado antes de continuar su tramitación, se inserta en una agenda legislativa orientada a fortalecer la planificación territorial y a enfrentar las brechas de acceso a infraestructura y servicios que persisten entre regiones y dentro de ellas.
