El conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Abraham Najle Alé, declaró el pasado 12 de enero de 2026 en calidad de imputado en la investigación por cohecho, soborno y lavado de activos conocida como la “trama bielorrusa”, causa que lleva adelante el Ministerio Público. Según antecedentes publicados por Radio Bio Bio, el funcionario compareció tras suscribir un convenio de cooperación con la fiscalía, instancia en la que aseguró haber comprendido sus derechos y manifestó su intención de complementar declaraciones anteriores.
En el acta de su comparecencia, Najle apuntó directamente al origen de los contratos suscritos con Gonzalo Migueles, pareja de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, afirmando que no fueron ideados por él. El eje de su declaración fue el contrato de prestación de servicios fechado el 14 de enero de 2025 entre la empresa Combustibles BEK y Migueles. “Ese contrato no lo redacté”, sostuvo, indicando que el documento provenía de un correo electrónico enviado el 12 de enero de 2025 por la entonces ministra de la Corte Suprema, Angela Vivanco, a Migueles.
Según relató, inicialmente objetó una primera versión del contrato “por la forma”, tras lo cual recibió un nuevo mensaje cuyo asunto decía “nuevo documento, eliminar el anterior”. En su exposición también abordó un finiquito fechado el 23 de diciembre de 2024, destinado —según explicó— a poner término a la relación contractual e incorporar como prestación adeudada $25 millones transferidos a Migueles en junio de 2024.
No obstante, Najle afirmó que esos dineros no correspondían al pago de servicios, sino que fueron recibidos por él con el único propósito de transferirlos, asegurando que no retuvo monto alguno. En relación con la firma del contrato de enero de 2025, indicó que el retraso se debió a que no quería suscribirlo porque, a su juicio, “no correspondía”.
Presiones de Vivanco
Un punto relevante de su declaración fue la referencia a presiones que habría recibido para concretar la firma. Señaló que Gonzalo Migueles lo llamaba reiteradamente, al igual que a su chofer, y que en esas comunicaciones le transmitía saludos y mensajes de Vivanco, insistiendo en la necesidad de mantener el vínculo contractual. Najle sostuvo que la investidura de la exministra incidía en su percepción de presión, pues la consideraba su superior jerárquica, lo que lo hacía sentirse expuesto ante eventuales consecuencias administrativas.
Incluso manifestó que, de haberse negado a firmar, podría haber quedado en riesgo frente a fiscalizaciones. En ese contexto, insistió en que no diseñó los contratos ni tenía las capacidades técnicas para estructurarlos, y que Migueles tampoco sería autor material de los textos, pues —según indicó— no es abogado y difícilmente habría comprendido su alcance jurídico.
A lo largo de su relato, reiteró que firmó los documentos bajo una combinación de presión social y jurídica, sosteniendo que la elaboración de los contratos habría sido realizada por la exministra y canalizada a través de Migueles. La investigación continúa en curso y busca esclarecer las responsabilidades penales en el marco de esta causa de alta connotación pública.
