La denominada “trama bielorrusa”, formalmente vinculada al caso del consorcio de origen bielorruso Belaz-Movitec (CBM), se ha transformado en una de las investigaciones más sensibles que enfrenta el sistema judicial chileno.
Originada a partir del llamado “caso audios”, la indagatoria reveló presuntas redes de corrupción que habrían operado entre abogados, jueces, conservadores de bienes raíces y eventuales intermediarios políticos, con el objetivo de influir en fallos judiciales y asegurar nombramientos en cargos estratégicos.
El punto de partida del caso se sitúa en el litigio que enfrentó a CBM con Codelco, a propósito de faenas en el proyecto Rajo Inca, en la Región de Atacama. Tras una serie de resoluciones favorables al consorcio, este terminó percibiendo más de 17 mil millones de pesos desde la estatal. Según la Fiscalía, dichos fallos habrían estado precedidos por el pago de coimas a la entonces ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, hoy formalizada y en prisión preventiva por cohecho y lavado de activos.
A partir de ese núcleo, el Ministerio Público comenzó a seguir la ruta del dinero. La investigación apunta a un sofisticado esquema destinado a ocultar el origen ilícito de los fondos, mediante la triangulación de pagos, el uso de contratos ideológicamente falsos, simulación de servicios profesionales y constantes operaciones de cambio de divisas, todo con el fin de dificultar el rastreo por parte de las autoridades.
En ese contexto, a mediados de enero pasado, la Fiscalía formalizó en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago a tres nuevos imputados por el delito de lavado de activos: los conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto y Chillán, Sergio Yáber y Yamil Najle, respectivamente, junto al dueño de una casa de cambios capitalina, Harold Pizarro.
Para el Ministerio Público, los tres habrían cumplido un rol clave en la maniobra para canalizar recursos que terminaron en manos de Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Vivanco.
Durante la audiencia, el fiscal Marco Muñoz detalló movimientos por cerca de 45 millones de pesos, equivalentes a poco más de 47 mil dólares, entregados de manera fraccionada. Según la tesis expuesta, Yáber habría adquirido dólares en la casa de cambios de Pizarro y solicitado que parte de esos fondos fueran transferidos a través de Najle, quien posteriormente los habría derivado a Migueles. La operación se habría concretado en pocos días, con transferencias cruzadas entre cuentas personales y empresariales.
El rol de Najle
Uno de los antecedentes más relevantes revelados en la audiencia fue la existencia de un borrador de contrato, enviado por correo electrónico desde la cuenta de la exministra Vivanco a Yamil Najle. Dicho documento, según la Fiscalía, buscaba justificar retroactivamente pagos millonarios realizados a Migueles. El fiscal Muñoz explicó que el archivo fue encontrado en el correo del conservador de Chillán, pero no en la cuenta institucional de Vivanco, desde donde habría sido eliminado.
La defensa de Najle, encabezada por el abogado Pelayo Vial, intentó desmarcar a su representado del fondo del caso, argumentando que no existía ningún antecedente que permitiera sostener que el conservador conocía el litigio entre Codelco y CBM ni el eventual origen ilícito de los dineros. Una línea similar sostuvo el exfiscal Emiliano Arias, defensor de Pizarro, quien aseguró que la actividad de su cliente se limitó a operaciones habituales de cambio de divisas, sin un beneficio extraordinario.
Pese a ello, el tribunal decretó arresto domiciliario total para Najle, considerando los antecedentes de la investigación y su colaboración con la Fiscalía. De forma paralela, la Corte de Apelaciones de Chillán dispuso su suspensión transitoria del cargo por dos meses, argumentando que, dada la naturaleza de su función -resguardar la fe pública en la transferencia de bienes-, su permanencia en el puesto podía afectar el éxito de la indagatoria.
La arista política que involucra a Carvajal
La participación de Yamil Najle no se agota en su rol dentro de la arista financiera del caso. Su nombre se volvió aún más relevante tras la declaración del abogado y exdiputado Eduardo Lagos Herrera, hoy en prisión preventiva por lavado de activos y soborno reiterado.
En su testimonio ante la Fiscalía Regional de Los Lagos, Lagos sostuvo que la senadora por Ñuble, Loreto Carvajal (PPD), habría realizado gestiones para apoyar el nombramiento de Najle como conservador de Bienes Raíces de Chillán, afirmando además que esa intervención habría tenido una retribución económica asociada.
A raíz de esos dichos, revelados por el medio de investigación Ciper, el Ministerio Público decidió abrir una causa independiente, con un nuevo Rol Único de Causa, destinada exclusivamente a investigar la veracidad de esa información. La indagatoria se mantiene desformalizada y bajo reserva. El fiscal nacional, Ángel Valencia, determinó asignarla al fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky. Desde la fiscalía de Aysén confirmaron la designación de Libedinsky y explicaron que la causa se encuentra bajo reserva:
“Efectivamente el Fiscal Regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich, fue designado por resolución del Fiscal Nacional, en virtud del artículo 19 de la ley N° 19.640. Lo anterior, atendida la complejidad de las indagatorias y por tratarse de personas investigadas que ejercerían altos cargos públicos en nuestro país. Esta investigación surge como una arista de otra causa actualmente en desarrollo y que lleva adelante la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer. Al corresponder a una investigación desformalizada y que tendrá el carácter de reservada, no es posible entregar detalles de las diligencias que se decretarán a fin de garantizar el éxito de las mismas”, informaron desde dicha instancia.
La declaración de Lagos, sin embargo, quedó envuelta en controversia. El exdiputado se negó a firmar el testimonio, denunciando apremios ilegítimos durante la diligencia realizada en dependencias del OS7 de Carabineros. Pese a ello, el fiscal Muñoz confirmó que la declaración fue registrada conforme a los protocolos y que su validez procesal será materia de discusión en instancias posteriores.
Los descargos de Carvajal
Loreto Carvajal ha negado de manera categórica cualquier intervención en el nombramiento de Najle. En declaraciones enviadas a Ciper, calificó las acusaciones como “absolutamente falsas” y como una “canallada destinada a silenciar la verdad”, atribuyéndolas a una supuesta represalia por la colaboración de su esposo, el abogado y exdiputado Gabriel Silber, con la Fiscalía.
Desde su equipo señalaron que no emitirán nuevos comentarios y que se remiten a ese comunicado.
El vínculo entre los actores mencionados añade complejidad al caso. Carvajal está casada con Silber, exsocio de Eduardo Lagos en un estudio jurídico, y ambos figuran mencionados en distintas aristas de la investigación CBM. A ello se suma un antecedente conocido: en octubre de 2023, un automóvil propiedad de Lagos fue inscrito a nombre de la senadora, hecho que ella explicó como una operación regular y sin relación con los hechos investigados.
Con la mención de Carvajal, la denominada “arista política” del caso suma a varios parlamentarios en ejercicio y exautoridades, cuyos nombres han surgido en declaraciones, escuchas telefónicas o movimientos bancarios. La Fiscalía ha insistido en que todos estos antecedentes están siendo analizados con cautela, considerando la calidad de imputados de algunos declarantes y la necesidad de corroborar cada versión con pruebas independientes.
