La Justicia envió a prisión preventiva a la exmagistrada Ángela Vivanco, acusada de delitos de cohecho y lavado de activos en el marco del caso “muñeca bielorrusa”.
La Fiscalía y los querellantes solicitaron la medida cautelar para la destituida jueza, acusada de recibir una millonaria coima en dólares para favorecer al consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM), en medio de una disputa judicial que mantenía con la cuprífera estatal Codelco.
La decisión, tomada por el juez Cristián Sánchez -del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago-, es histórica, ya que es primera vez que un exministro de la Corte Suprema tendrá que cumplir prisión preventiva por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.
El ente persecutor sostiene que el soborno llegó a sus manos a través de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, que fueron abogados representantes de CBM y que, actualmente, están en prisión preventiva.
Asimismo, afirma que Gonzalo Migueles -esposo de Vivanco- también participó en el esquema destinado a lavar el dinero de la coima recibida.
Desde la vereda de la defensa, el abogado Jorge Valladares lamentó la privación de libertad de su representada, pero anunció que recurrirán a la Corte de Apelaciones.
Para el jurista, la resolución del juez Sánchez dejó flancos abiertos que permiten un debate jurídico en segunda instancia: “El tribunal se hace cargo de todos los puntos que nosotros expusimos, por lo tanto, deja abierta la discusión ante la ilustrísima Corte de Apelaciones respecto de cada uno de los puntos”, señaló el defensor, quien reafirmó su confianza en las garantías del Estado de derecho.
Tras conocerse el fallo, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, valoró la resolución destacando la complejidad de indagar a una figura de tal investidura.
“No hay que desconocer la importancia que implica el investigar a una exministra de la Corte Suprema y el efecto que sus resoluciones tuvieron en el sistema de justicia”, afirmó a las puertas del Centro de Justicia.
La persecutora enfatizó que el Ministerio Público ha extremado el celo profesional para asegurar que toda la prueba obtenida cuente con las máximas garantías judiciales y respeto a los derechos de los imputados.
