La ministra de Obras Públicas, Jessica López, visitó la región de Ñuble el pasado jueves para encabezar la apertura de las ofertas económicas del Embalse Zapallar, considerado uno de los proyectos hídricos más relevantes del país.
Durante su visita, la autoridad destacó que el proyecto forma parte de una cartera nacional de embalses impulsada por el MOP para enfrentar los efectos del cambio climático, la desertificación y la escasez hídrica. También abordó los desafíos ambientales, el financiamiento y el rol del modelo de concesiones en el desarrollo de infraestructura.
La ministra aprovechó su paso por la región para revisar otras iniciativas relevantes, como la Ruta Costera Cobquecura–Dichato y la implementación de nuevas oficinas provinciales de Vialidad.
En San Carlos, encabezó la inauguración de las dependencias provinciales, destacando la importancia de fortalecer la presencia del ministerio en el territorio, sobre todo en las provincias, para mejorar la conectividad y la respuesta ante emergencias.
La autoridad conversó en exclusiva con La Discusión, abordando el tema del Embalse Zapallar y conversando también sobre el tema de la permisología ambiental.
– ¿Por qué es un hito esta apertura de ofertas económicas por el embalse Zapallar?
– Porque hace varias décadas no se iniciaba un proceso tan cercano al comienzo de la construcción de un nuevo embalse para Chile. Muy contenta de ver cómo esta línea de trabajo que el ministerio se propuso, en términos de avanzar más sistemáticamente en el desarrollo de los embalses, hoy se concreta.
Ustedes saben que hay una cartera de embalses que tenemos hace muchos años en el ministerio, y ahora hemos querido acelerarla al máximo para tomar decisiones más oportunas de infraestructura que permitan enfrentar el cambio climático, la desertificación y la sequía en general que estamos viviendo en todo el territorio.
Un embalse muy significativo acá. Recordar que también hemos estado con el desarrollo del proceso para la ejecución del Embalse Punilla, que ha tenido una larga historia. Primero, una empresa en la modalidad de concesión iba a construirlo, pero finalmente no pudo avanzar, por lo que tuvimos que revisitarlo.
En fin, ha sido un proceso largo y todavía le quedan más etapas por cumplir antes de poder estar al nivel en que está este, el Zapallar.
– ¿Es efectivo que usted vendría en enero a poner la primera piedra, acompañando al presidente de la República?
– Siempre está la posibilidad, y es un hito bien relevante. Este tipo de actividades las ponemos de inmediato en conocimiento del Presidente, para que él resuelva si puede acompañarnos. Sería un sueño grande.
– ¿Creen que aún las organizaciones medioambientales puedan de alguna u otra manera frenar la construcción de este embalse?
– Ojalá que no. No podemos negar, naturalmente, que una infraestructura de este tamaño y magnitud no tenga impacto. Todos sabemos que tiene impacto: implica la inundación de un territorio grande, significa trasladar familias que viven ahí y afecta flora y fauna.
Lo que tenemos como resolución de calificación ambiental es un conjunto de tareas y obras de mitigación, porque es una infraestructura grande que impacta la zona, y buscamos que sea lo menos dañina posible.
Yo creo que cada vez tenemos que pensar más en que los proyectos hay que hacerlos, y la pregunta clave es cómo los hacemos para que sean aceptables.
– A partir del exitoso proceso del Zapallar y el fracaso del embalse La Punilla, ¿se puede concluir que el modelo de concesiones no es el más apropiado para construir embalses?
– No iría tan rápido con eso. Este es un tema de ajustar apropiadamente los incentivos y el modelo financiero. Tenemos un embalse, el Convento Viejo, que funciona muy bien concesionado. Tenemos en construcción otro embalse en Valparaíso, el Embalse Las Palmas, que también se está haciendo en modalidad concesionada.
Entonces, yo no iría tan rápido, porque cada uno de estos embalses cuesta mucha plata. Este en particular, entre el embalse principal y todas las obras anexas, cuesta más de 350 millones de dólares. Si le encargamos al Estado directamente la construcción de toda esta cartera de embalses, que son como 12 o más a lo largo del país, nos vamos a demorar mucho, porque no hay plata suficiente para todos.
El modelo concesionado lo que busca es que los privados aporten recursos y el Estado les devuelva a través de pagos directos u otras modalidades. Creemos que ese modelo tiene que funcionar, porque si no, no vamos a poder avanzar en infraestructura al ritmo que el país requiere.
– En este momento se discute en el congreso el presupuesto 2026, que considera un recorte en la inversión del MOP. Para Ñuble el recorte sería de 4,0%. ¿Se está castigando la lenta ejecución presupuestaria del MOP en nuestra región?
– Hay que destacar que falta infraestructura en todo Chile. En algunos casos es vial. En Ñuble, por ejemplo, el 37% de los caminos está pavimentado, mientras que el promedio de Chile es un 50%. Uno puede mirarlo como una estadística, pero también como una realidad: cómo cambia la vida de una familia cuando vive en una ruta pavimentada o en una ruta de tierra, en invierno y en verano.
No pasa el transporte público, a veces no entra la ambulancia ni el transporte escolar. Por lo tanto, avanzar en la pavimentación es clave. Y así como eso, hay otras necesidades, en todas las regiones hay muchas.
En ese sentido, creo que hay que mirar la labor de nuestro ministerio con una visión de largo plazo. Por eso preparamos este Plan Nacional de Infraestructura Pública al 2055, porque nos permite tener una cartera de proyectos a largo plazo que no puede estar sujeta a los vaivenes presupuestarios anuales.
Por ejemplo, a nivel del ministerio en general, el presupuesto tiene una rebaja importante, pero es una rebaja respecto al año 2026. En relación con este año 2025, ha sido extremadamente alto en ejecución. Si se mira en términos históricos, está al nivel de los años anteriores, por lo tanto no es una caída significativa.
Lo importante es tener confianza en que, en cada región de Chile, tenemos una cartera de proyectos de distintos tipos: hidráulicos, viales, aeroportuarios, costeros, entre otros, que hay que llevar adelante.
En algunos casos nos tomará más tiempo, en otros menos; algunas obras avanzarán más rápido, otras más lento. Pero lo fundamental es tener claro cuáles son las obras que hay que hacer de aquí a 30 años en cada región e irlas concretando poco a poco, incorporando eventualmente más recursos privados.
– ¿Qué pasó con el proyecto de la ruta costera Cobquecura -Dichato?
– Estamos trabajando en eso. Hay varios sectores que hoy en día son humedales urbanos por donde pasa esta ruta, que esperamos pavimentar en toda su extensión; ese es el proyecto. También está incluido el puente Itata, que esperamos tener en algún momento.
Claro, hay un proceso que debe cumplirse: una parte relacionada con el financiamiento, otra con los diseños de la ruta, y eventualmente algunos tramos que deben pasar por el Servicio de Evaluación Ambiental. Probablemente van a ser pertenencias, pero el proceso está en marcha.
La Dirección de Vialidad lo tiene entre sus prioridades, y sabemos que es una prioridad para la región y para las comunas costeras. Estamos trabajando en eso y esperamos avanzar prontamente.
– ¿Qué pasa con el tema de la permisología ambiental y la traba de proyectos? ¿Sigue siendo la piedra en el zapato?
– Tenemos una cartera de más de 2.300 proyectos en desarrollo y cada uno tiene que cumplir con todos los permisos que las distintas reparticiones públicas otorgan y con los distintos estudios.
Esto tiene que ver con algo en lo que nuestra sociedad ha avanzado y que, además, está normado por ley: cualquier obra que realicemos debe pasar por un proceso de consulta respecto de las comunidades que se ven afectadas.
Hoy es imposible pensar en hacer una obra sin preguntarle a los vecinos que podrían verse impactados, considerando también los efectos ambientales, para poder mitigarlos o compensarlos. No se trata solo de ejecutar la obra, sino de detectar apropiadamente y a tiempo esos impactos y mitigarlos.
En ese sentido, destacaría que recientemente promulgamos con el Presidente la nueva ley de permisos, que busca dar una solución de fondo a esta temática.
A lo largo de los años se fueron acumulando muchos permisos establecidos por distintos servicios del Estado, todos con el objetivo de cuidar algo. Por ejemplo, en la Dirección de Obras Hidráulicas se requiere permiso para intervenir cualquier río, con el fin de evitar que se altere el cauce o la caja del río, porque después, cuando ocurren eventos naturales, eso nos afecta.
Lo mismo pasa con los permisos de salud, cuando se quiere abrir un restaurante, por ejemplo; se busca resguardar la salud pública.
Lo que hace esta nueva ley es dar una lógica distinta, distinguiendo entre proyectos de alto y bajo impacto. Además, incorpora algo muy valioso: que los ejecutores de los proyectos asumen responsabilidad directa sobre un conjunto de aspectos bajo su propia responsabilidad personal, y eso es positivo.
Nos hace crecer como sociedad, porque no se trata solo de hacer lo que el Estado autoriza. Debemos ser capaces de decidir lo que podemos hacer y hacerlo bien. Todos sabemos cuáles son las normas, por lo tanto podemos avanzar respetándolas sin depender siempre del timbre del Estado.
Esta ley también crea una ventanilla única y otros mecanismos que buscan simplificar radicalmente los procesos. Se estima que, dependiendo de la magnitud, el tipo y el riesgo del proyecto, los tiempos podrían reducirse entre un 30% y un 70%.
Eso es muy importante, porque cada proyecto que puede iniciarse implica una nueva actividad productiva, ya sea de un pequeño o gran empresario, la creación de empleo y, en general, desarrollo para el país.
– Se inauguraron las dependencias de la Dirección Provincial de Vialidad en San Carlos. ¿Qué importancia tendrá esta oficina en el desafío de mejorar la conectividad de San Fabián y habilitar la futura ruta internacional?
– La Dirección de Vialidad, en general, a lo largo de nuestro país, está instalada en las provincias, y eso es positivo porque está desplegada en todo el territorio. Esto se aprecia especialmente en situaciones de emergencia, cuando son los primeros en estar disponibles para apoyar con la maquinaria y los equipos de la Dirección de Vialidad en lo que se denomina su administración directa.
Tener esta maquinaria disponible permanentemente, junto con los trabajadores de Vialidad, permite avanzar enormemente en los trabajos de los caminos más básicos y rurales, que muchas veces pueden ejecutarse directamente por estos equipos.
Eso nos permite avanzar en la conectividad, que no es solo construir caminos, sino contar con rutas que se puedan usar en invierno y en verano, que sean fáciles y seguras.
Es muy importante para nosotros, y el compromiso es que el Ministerio debe seguir instalándose a lo largo de la región de Ñuble. Aún quedan dos oficinas provinciales más por implementar.
