El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) reconoció a empresas del sector que no dispone de fondos suficientes para concretar pagos a quienes desarrollan viviendas sociales, generando una deuda que la industria calcula superior a los US$ 1.000 millones.
La situación afecta a inmobiliarias, constructoras y proveedores de todo el país, e incluso incluye pagos pendientes a propietarios de terrenos adquiridos por la cartera.
Según correos internos obtenidos por el Diario Financiero (DF), el Minvu señaló a las empresas que, aunque existe ejecución presupuestaria, no hay “disponibilidad de caja ni aporte fiscal suficiente” para cubrir los pagos, los cuales podrían no concretarse hasta marzo de 2026, cuando se emita un nuevo decreto de modificación presupuestaria.
Esta confirmación llegó tras meses de rumores en el sector, y varios ejecutivos aseguran que sus empresas enfrentan deudas que superan los US$ 40 millones.
Origen del problema
El origen del problema se encuentra en el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), lanzado en 2022 para reducir el déficit habitacional de 640 mil hogares mediante subsidios a proyectos privados. Los principales instrumentos del plan, los decretos DS19 y DS49, permiten a familias acceder a su primera vivienda o a hogares vulnerables financiar la compra o construcción de casas.
Sin embargo, los pagos pendientes en ambos sistemas han paralizado proyectos y retrasado entregas, afectando a familias que ya habitan algunas viviendas construidas.
Para intentar mitigar la situación, el Minvu implementó un modelo de confirming a través de BancoEstado, que permite adelantar pagos con intereses que asumen las empresas, aunque solo aplica a algunos proyectos. Desde la industria, califican esta medida como un “parche” insuficiente frente al riesgo de quiebras y reorganizaciones financieras, especialmente para pequeñas y medianas constructoras.
De acuerdo al citado medio, la cartera atribuye la crisis a gastos mayores a los presupuestados, reactivación de obras y recursos insuficientes.
