Señor Director:
Gran consternación provocó en la opinión pública la noticia y videos difundidos de un trabajador del Hospital de Osorno, diagnosticado con TEA, que entre los años 2018 a 2020 fue objeto de torturas por parte de compañeros de labores. Más allá del legítimo cuestionamiento moral que tan cobarde acción merece, el caso resulta interesa desde una perspectiva jurídica, pues el hecho genera diferentes tipos de consecuencias.
En el ámbito penal, atendida sus especiales características, configura una grave violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales ratificados por Chile, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, haciendo responsable a sus autores del delito de tormento y apremios ilegítimos regulado en el artículo 150-A del Código Penal, cuya pena podría alcanzar los cinco años de presidio.
En el ámbito administrativo configura una acción de discriminación arbitraria y de acoso laboral que afecta la dignidad de la víctima, razón por la cual debe sancionarse a los funcionarios autores con la medida disciplinaria de destitución por infracción al principio de probidad. Finalmente, la cuestionable conducta podría derivar en una condena civil indemnizatoria en favor de la víctima. En resumen, el caso produce un cúmulo de responsabilidades legales para los autores del hecho.
Óscar Olivares Jatib
Académico Universidad A. de Chile
