Este 1 de julio el Congreso despachó la reforma al sistema notarial y registral de Chile, el que incluye un nuevo procedimiento de nombramiento para notarios, archiveros y conservadores.
Una de los principales cambios está en el proceso de nombramientos, eliminando a los ministros de las cortes de Apelaciones para la confección de ternas, dejando la elección en la Alta Dirección Pública; mientras que otra de las novedades destacadas es la inhabilidad para toda persona que tenga parentescos cercanos a senadores, diputados, ministros de Estado o miembros del Poder Judicial.
En Chillán ya ha habido reacciones. El conservador de Chillán Viejo, Gerardo Cortés, plantea que “nosotros tenemos una visión crítica respecto del nombramiento por parte de Alta Dirección Pública, que hoy está absolutamente politizada, por lo que los futuros nombramientos quedarán a discreción de los políticos de turno”.
Otra discrepancia la tienen con la eliminación de las categorías (actualmente tres), “porque entonces se elimina la carrera funcionaria. Es decir, hasta entonces para ser conservador, se partía trabajando en notarías, luego se podía ser notario en un comunas pequeñas para postular a otras más grandes, y así. Ahora, un abogado si mayor experiencia podrá ser nombrado notario”.
En Chillán, el notario Joaquín Tejos estima que en su mayoría, las modificaciones son positivas. “Creo que está bien orientado, después de todo su tramitación duró seis años. Por lo demás, quedaremos sujetos al control del Sernac, para superar todos aquellos reclamos por el tema tarifario y se va a establecer un régimen más riguroso en materia de horarios de atención”.
Otras variantes aprobadas por el notario Tejos son “la reducción de días de permisos, a un máximo de seis al año y 15 días de vacaciones, como al resto de los funcionarios”.
Mejorar el servicio
Para el seremi de Justicia, Cristopher Reyes, los cambios están orientados a aumentar la transparencia de los nombramientos y a mejorar la calidad del servicio.
“Se implementarán los concursos públicos para el nombramiento de notarios, conservadores y archiveros, eliminando cargos vitalicios y estableciendo límites de edad, entre otros cambios como la modernización y digitalización del sistema, además de tarifas estandarizadas y fijadas por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía.
