La comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, presidida por Paulina Vodanovic, dio un paso clave en el fortalecimiento del rol de los gobiernos regionales en materia de seguridad pública, al aprobar en general el proyecto que incorpora funciones de prevención del delito a estos niveles territoriales.
La instancia legislativa respaldó la propuesta tras audiencias con la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile (Agorechi) y la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.
El proyecto, que se encuentra en segundo trámite constitucional, establece que los gobiernos regionales podrán diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas y programas en prevención social, situacional y comunitaria del delito, además de asistir a víctimas. También se contempla la creación de una División de Prevención del Delito en cada región, que podrá coordinar acciones con municipalidades y otros organismos públicos.
Aunque la iniciativa fue bien recibida por la mayoría de los senadores, se levantaron reparos sobre aspectos técnicos, como la creación de cargos y la definición de experiencia. La subsecretaria Leitao aseguró que el proyecto no implicará nuevos gastos, pues se habilitará al Ministerio de Hacienda para que realice ajustes presupuestarios internos.
El texto llegará a sala para ser analizado y votado una vez que se despache el informe técnico respectivo.
Descentralización efectiva
Uno de los principales impulsores de esta medida ha sido el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, quien resaltó la aprobación del proyecto y la inclusión de funciones de prevención del delito a los gobiernos regionales.
“Esta iniciativa representa un paso concreto hacia la descentralización efectiva y reconoce el trabajo sostenido que desde regiones hemos impulsado para fortalecer la seguridad pública con pertinencia territorial y sentido de urgencia”, afirmó.
Crisóstomo destacó que en Ñuble ya se ha avanzado de manera concreta en este ámbito.
“En los últimos dos años hemos destinado más de $20 mil millones a iniciativas de seguridad, financiando desde iluminación pública y sistemas de televigilancia, hasta drones para fiscalización en zonas costeras. Esta inversión ha alcanzado tanto a sectores urbanos como rurales”, sostuvo.
El gobernador también destacó que la posibilidad de contar con una División de Prevención del Delito permitirá una gestión más integral y coordinada.
“Lo que está en juego no es una competencia de atribuciones, sino la capacidad del Estado de llegar con soluciones oportunas para construir territorios más seguros y cohesionados”, sentenció.
