El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, abordó las investigaciones que involucran al exjefe de asesores de Presidencia, Miguel Crispi, en el caso ProCultura, y a la exsenadora Isabel Allende, en la indagatoria por la fallida compra de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Valencia defendió el nivel de reserva que han tenido estas causas, pero criticó la legislación vigente que, a su juicio, facilita la filtración de antecedentes una vez que expiran los plazos de secreto.
Según informó radio ADN, en declaraciones a la prensa, Valencia señaló que “hemos dicho en la investigación del caso ProCultura, en la investigación del caso Guardia Vieja, han tenido niveles de reserva bastante apropiados a lo largo de estos meses”. Sin embargo, lamentó que “cuando se vencen los plazos de secreto y reserva estamos obligados a entregar copias”, incluso “hasta el extremo de la majadería”, incluyendo a querellantes que no son víctimas directas de los hechos.
El Fiscal Nacional fue enfático al criticar la normativa actual: “Lamentablemente, sabemos que con la legislación actual vigente estos hechos suceden”, dando a entender que la entrega de copias a múltiples intervinientes una vez levantada la reserva es una vía para la difusión de antecedentes.
Respecto a la solicitud realizada por la Fiscalía –y que fue rechazada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago– de incautar los teléfonos de Miguel Crispi, Isabel Allende y Maya Fernández, a raíz precisamente de la conversación interceptada a Crispi con su madre, Valencia explicó que esto forma parte del “mecanismo que establece nuestro sistema de justicia”.
Detalló que si bien los fiscales decretan las diligencias, aquellas que afectan garantías constitucionales, como las interceptaciones o incautaciones telefónicas, “requieren una autorización judicial”. Enfatizó que los jueces no actúan como “notarios” o “simples ministros de fe”, sino que ejercen un control judicial para evaluar si hay mérito, proporcionalidad o justificación en la solicitud del fiscal, considerando la gravedad y el peso de los antecedentes.
Por lo tanto, Valencia planteó que “si un fiscal pide una diligencia, y esa diligencia necesita autorización judicial, y un juez estima que esa autorización judicial no es procedente, es simplemente un mecanismo que establece nuestro sistema de justicia”, enmarcando el rechazo de la solicitud dentro de la normal operación del control judicial en el proceso penal.
