Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa, fue condenada este lunes a cuatro años de prisión -dos de ellos efectivos, pero no entre las rejas, pues los puede cumplir con brazalete electrónico-, a una multa de 100.000 euros (más de 100 millones de pesos chilenos) y a cinco años de inhabilitación, con aplicación inmediata.
La pena -impuesta en el marco de un juicio por desvío de fondos del Parlamento Europeo que comenzó en septiembre del año pasado- pone en jaque su futuro político y su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2027, para las que aparecía como la principal favorita en los sondeos.
La hija del fallecido Jean-Marie Le Pen fue declarada culpable junto a otros ocho eurodiputados de su partido: el Tribunal Correccional de París consideró probado un millonario desvío de fondos entre 2004 y 2016, y calificó de “ficticios” los contratos de 12 de los asistentes parlamentarios de los diputados europeos del partido Frente Nacional en las tres últimas legislaturas.
Señaló que, aunque estaban a sueldo de la Eurocámara, en realidad trabajaban para la colectividad.
En total, el tribunal cifró en 2,9 millones de euros (equivalentes a 2.900 millones chilenos) el dinero desviado, de los que 474.000 euros (474 millones chilenos) son imputables a Le Pen, que hizo pasar como asistentes parlamentarios a su guardaespaldas, Thierry Légier, y a su secretaria personal, Catherine Griset.
La sentencia considera que el sistema puesto en marcha por el FN “no condujo a un enriquecimiento personal” de los eurodiputados, pero sí “un confort de vida de los dirigentes del partido y un enriquecimiento del mismo”.
La Fiscalía pedía cinco años de cárcel para Le Pen -tres de ellos exentos de cumplimiento efectivo-, 300.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación con carácter inmediato, que desbarataban su carrera política.
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