Con el anuncio gubernamental de un fuerte recorte de presupuesto para la mayoría de las entidades del Estado, uno de los estamentos que recibió el golpe a mano llena fue el Poder Judicial.
Anuncios y esperanzas de contar con una mayor cantidad de salas y de jueces para resolver la cada vez mayor cantidad de causas que ingresan a los tribunales del país, hoy se estrellan con una realidad que al parecer cuesta más de la cuenta asumir: no hay recursos.
Es entonces que hay que intentar comprender qué ocurrirá en un futuro cercano, si los ministros de la Corte de Apelaciones de Chillán mostraron una baja en la eficiencia que pasó del 66% en 2020 a 54% en 2024.
Esto obedece al aumento de ingresos, lo que además, genera una paradoja, ya que en 2020 ingresaron 2.700 causas, pudiendo ser revisadas 1.780 por los cuatro ministros y sus tres abogados integrantes; sin embargo, en 2024 este equipo conoció 2.821 casos (1.041 más) pero de un total de 5.207 ingresos.
Los números no son mejores en ningún tribunal de la región de Ñuble, e incluso, en los juzgados de Policía Local, que dependen administrativamente de los respectivos municipios, cursan problemas idénticos, lo que ha llevado a que en todo el país se resuma este conflicto en una sola palabra: colapso.
Este colapso, no sólo significa un problema de carga laboral, horas extras, trabajos para la casa y la casi inexistencia de feriados o fines de semana muy relajados para quienes trabajan en los tribunales, sino para toda la sociedad.
“El hecho de que haya una gran recarga de causas en la Corte de Apelaciones significa que los asuntos van a demorar más en resolverse. Y hay algunos trascendentales, como por ejemplo, los de materia laboral, que significan muchas veces indemnizaciones o sueldos impagos, lo que para las familias es a veces de suma urgencia”, explica el juez presidente del tribunal de alzada, magistrado Guillermo Arcos.
Con más de tres décadas de experiencia, el magistrado recuerda que “antes, en materia laboral, hasta cuando recién partió su reforma, las causas llegaban y se veían a la semana siguiente. Pero empezaron a crecer el número de causas y hoy todo se demora mucho más, porque los tribunales tienen llenas sus agendas”, agrega.
En cada uno de los tribunales de primera instancia, las pausas y suspensiones motivadas por las restricciones sanitarias que dejó la pandemia del coronavirus, a partir de 2020, solo colaboraron negativamente a esta sobreexigencia que se completa con el aumento de la población local, con el aumento de casos relacionados a problemas migratorios, al aumento de causas penales, y a una presión mediática, política y social por tener cada vez más personas presas por cometer delitos que hasta sólo unos años, no ameritaban penas privativas de libertad.
A esto, se debe sumar la obligación de los juzgados de Policía Local por localizar y multar a quienes no acudieron a algunas de las votaciones presidenciales, parlamentarias o municipales; la alta demanda de trámites de retención de dineros de las AFP por deudas en pensiones alimenticias y un poco mediático pero preocupante aumento de “causas contenciosas” que apuntan a reclamos contra funcionarios de la administración pública como municipalidades, ministerios y trabajadores del Estado en general.
En Ñuble, los dos tribunales que han experimentado una mayor alza de ingresos son los juzgados civiles, con un 158%; y los de materias penales, con un 169%, de acuerdo a las cifras proporcionadas por la Corte de Apelaciones de Chillán.
Responsabilidad en los cambios
En los últimos diez años, se ha realizado un total de diez modificaciones al Código Procesal Penal, puntualmente en materias relativas a las detenciones o a los estándares para que los jueces puedan decretar la medida cautelar de prisión preventiva en contra de algún imputado.
De estas diez modificaciones, ocho ocurrieron en los últimos dos años.
Todas ellas a raíz de una mirada política respecto al crimen que se ha ido endureciendo con el paso del tiempo, para ponerse en sintonía con las demandas de seguridad y castigo que exige la ciudadanía.
Con este análisis como telón de fondo, la abogada penalista y docente, Belén Acuña, explica que “un Estado más punitivo, significa también que se estén judicializando muchas más causas, que se están criminalizando muchas más conductas que antes no tenían esa categoría, utilizando como fundamento la prevalencia de una sensación de seguridad por parte de la ciudadanía y esto también es un factor adicional a este colapso de nuestros tribunales y jueces. El sistema procesal vigente no fue diseñado para esta dinámica de causas”.
Asoma en este un punto un nuevo factor. Con algo de misterio.
El pasado 1 de marzo, durante la Cuenta Pública de la Corte Suprema, el ministro presidente del máximo tribunal del país, magistrado Ricardo Blanco, puso como algunos de los puntos más destacados de la cuenta, la necesidad de avanzar en reformas clave, entre ellas, la reforma procesal civil, la creación de un nuevo Código Penal y la implementación de un sistema más eficiente de ejecución de penas.
Blanco subrayó que estas modificaciones son esenciales para garantizar un Poder Judicial más moderno y accesible para la ciudadanía.
Sin embargo, por el momento, no es de conocimiento público si esos cambios al Código Penal y ese sistema eficiente de ejecución de penas serán ecos de esa presión política por judicializar más casos y penalizar más conductas, o si apuntan a un mecanismo procesal más eficiente y que permita ir descongestionando a los tribunales.
Belén Acuña, insiste en que “los imputados ya no están teniendo un juicio en un corto plazo, la dotación de fiscales y defensores sigue siendo la misma de hace años, entonces, la única respuesta que hay es que el Estado no sólo genere nuevas leyes y modificaciones, sino presupuesto para más salas, más jueces, más fiscales y defensores, una mayor dotación policial e incluso más cárceles, de lo contrario, si sólo se trata de ampliar el Código Penal, solo habrá más ineficiencia, lentitud e incertidumbre”.
Como soporte para la reflexión de la abogada, destacan las estadísticas del Ministerio Publico de Ñuble, que muestran que mientras la norma internacional establece que debe haber 12 fiscales por cada 100 mil habitantes, en la región la relación es de apenas 3,4 por cada 100 mil personas.
Por lo demás, en menos de cinco años, cada fiscal pasó de tener 2.100 a 2.700 causas que investigar como promedio, ralentizando (al igual que los tribunales) su capacidad de respuesta y eficiencia proporcional.
Así, la cadena cotinúa redundando en un contingente policial cada vez menor en relación a la población de Ñuble y un sistema carcelario sobreexigido.
La cárcel de Chillan está diseñada para 314 internos, hoy cuenta con una población que bordea los 900 reos.
Ya es de conocimiento público que la exministra del Interior, Carolina Tohá, descartó, en agosto de 2024, un nuevo recinto penitenciario regional para Ñuble.
Criterio dispar e incomprensible
La respuesta del Ejecutivo para poder paliar el déficit de jueces ha sido la de permitir que se contraten jueces integrantes para las cortes y jueces destinados para algunos tribunales, lo que funciona con plazos acotados.
“El tribunal puede crecer en un 20, un 25 por ciento más de producción, digamos, con un juez destinado, pero eso no puede ser permanente, no podemos estar dependiendo de eso porque de un año a otro se pueden terminar los destinados”, advierte el ministro Arcos.
Mientras en el tribunal de Familia se destinan jueces hasta por un año, en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP), las destinaciones no suelen superar los cuatro meses.
“Pero no nos sirve un juez por cuatro meses, porque necesitamos tres para formar lo que realmente se requiere en el TOP, que es una tercera sala. De lo contrario, lo único que resulta esto es más atrasos y procesos demorosos en resolverse”, sostuvo.
Quien debe resolver una mayor asignación de recursos es el Poder Ejecutivo. Y el canal de comunicaciones más directo que el Poder Judicial tiene con ellos, suelen ser los legisladores.
De hecho, por décadas, las jefaturas de nuestros tribunales y del Ministerio Público les han solicitado a senadores y diputados de la región que intercedan ante este conflicto, obteniendo promesas, correos confirmando que hubo alguna “positiva” reunión con tal o cual ministro, sin que -por más de diez años- lograran nada en concreto.
Y aunque algunos aparecieron hablando de “nuestro logro” cuando se inauguró el Centro de Justicia, lo cierto es que ese edificio se construyó de manera íntegra con recursos del Poder Judicial.
No se entiende,
por tanto, la situación insólita que hace notar el juez presidente del TOP de Chillán, magistrado Juan Pablo Lagos, quien explica que “en el tribunal oral de Concepción, tienen prácticamente la misma cantidad de ingreso de causas que nosotros, en Chillán, e incluso, puede que menos. Pero ellos son 22 jueces y nosotros, siete”.
Si la razón es un cálculo de “jueces por población”, el magistrado Lagos estima que “tal vez se deben revisar algunos criterios, quizá calcular la cantidad de ingreso de causas por cantidad de jueces”.
De acuerdo al juez, no es que Concepción tenga demasiados jueces, sino que “esa es la cantidad que deben tener”, aclara, y añade que “otros tribunales como el de Los Ángeles o Valdivia, tienen una dotación similar a la nuestra, porque tienen una cantidad de ingresos mucho menor”.
Finalmente, el magistrado explica que “otro factor que ha significado una recarga es que la Fiscalía y la Defensoría, llegan a instancias de juicio oral con causas que perfectamente se pudieron haber resuelto en instancias anteriores en el Juzgado de Garantía. Por lo demás, hoy estamos teniendo juicios más largos, más complejos y a veces, una sala se toma un mes para resolver una causa”.
